Recicladores piden revocar sanción al alcalde Gustavo Petro
La Administración Distrital anunció el respaldo a los recicladores en su petición de revocar la decisión de la SIC.
La Asociación Nacional de Recicladores pedirá ante la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez, la revocatoria de la decisión emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, que derivó en una sanción de 400 millones de pesos al alcalde Gustavo Petro por la implementación del nuevo esquema de aseo
Así lo confirmó la presidenta de la asociación, Nohora Padilla quien explicó que por primera vez tienen un apoderado, el abogado Iván Acuña quien defenderá los derechos de los recicladores
"Los recicladores a través mío han pedido la revocatoria de esa decisión, y lo pidieron ante el superior jerárquico del superintendente que es la ministra, pero hay una cosa, en todo ese proceso administrativo de sanción que adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio", señaló Acuña
Por su parte la vocera de los recicladores, Nohora Padilla, afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta la participación de las organizaciones de recicladores a la hora de imponer estas multas, que además de deteriorar la organización de los recicladores en Bogotá, los pone en un retroceso de más de 20 años
“Ésta es una acción jurídica pidiéndole a la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, que haga la revocatoria de la sanción que pide que el sistema de aseo sea modificado en seis meses, porque la SIC debía tener en cuenta las peticiones de las organizaciones de recicladores y omitió esa participación y nos están convocando en un retroceso”, manifestó Padilla
La secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Martha Lucía Zamora, indicó que “esta solicitud está en estudio y el Distrito la apoya teniendo en cuenta que la pretensión de la Superintendencia de desmontar el sistema de aseo, atenta contra el reconocimiento que le dio la Corte Constitucional a la actividad de los recicladores en Bogotá”
Finalmente, el abogado Iván Acuña manifestó que a partir de este proceso y las sanciones impuestas, se pone en riesgo también la prestación de servicios públicos como el del agua y el del alumbrado público que es prestado por la UAESP.
