Nueva advertencia de la Procuraduría por esquema de reciclaje en Bogotá
El Ministerio Público llamó la atención por el cambio de funcionarios en la Uaesp.
Nueva advertencia de la Procuraduría por esquema de reciclaje en Bogotá
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La Procuraduría General de la Nación le entregó a la Corte Constitucional un nuevo informe de seguimiento al plan de inclusión de la población recicladora en Bogotá, en el que, según el Ministerio Público, no hay avances
El informe indica que en este trimestre no hay avances significativos en ninguno de los cuatro objetivos del plan de inclusión, pese a que para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp, el cumplimiento total del plan es del 86 por ciento, la realidad es que los aspectos sustanciales y las principales medidas de inclusión no serán implementadas ni en el corto ni en el mediano plazo
La Procuraduría señala que después de 27 meses de seguimiento a la ejecución del plan, se evidencian múltiples dificultades y retrasos, especialmente respecto de las metas de creación de organizaciones autorizadas de recicladores, dotación de vehículos y asignación de las rutas selectivas, la generación de los 60 centros de acopio y los 6 parques de reciclaje, la implementación del comparendo ambiental y los documentos de planeación del servicio aprovechamiento
El ente de control evidenció que al no haberse implementado el comparendo ambiental, la política de separación en la fuente no muestra los resultados esperados; no se observa una medida que garantice a los recicladores el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos potencialmente aprovechables; y continúa desactualizado el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, con lo que el Distrito estaría incumpliendo por la no creación de los parques de reciclaje
La Procuraduría también se refirió a la la renuncia, en los últimos días, de la directora de la Uaesp, Lucía del Pilar Bohórquez, que representa el sexto cambio en el principal cargo de la entidad que lidera la implementación del plan de inclusión desde marzo del 2012. Esta situación, sumada al cambio de funcionarios y contratistas de la Unidad que tienen responsabilidades en torno al plan de inclusión y que atienden las visitas del Ministerio Público, dificultan, según ellos la labor de seguimiento y el cumplimiento de los objetivos en la ciudad
