En San Andrés creen que hubo más promesas que realidades

El Plan “Archipiélago”, proyectado por el Gobierno nacional como un mecanismo para contrarrestar los efectos del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya a través de inversiones y acciones para el desarrollo de las Islas, sigue su camino largo en medio de expectativas e inconformismo en ciertos sectores de la comunidad isleña

 El plan, cuya inversión proyectada asciende a los 200.000 millones de pesos, busca generar una atención hacia el desarrollo del turismo y la  preservación del medio y defensa de los elementos culturales del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

 Kent Francis James, exintendente e integrante del comité de seguimiento de dicho plan, sostuvo que se trabaja en la coordinación a través de reuniones mensuales para buscar la participación de las entidades centrales que tienen las decisiones sobre las inversiones que se necesitan en el archipiélago

 “La mayor expectativa que tengo de todo esto son las serie de inversiones que se están proyectando para generar el empoderamiento en las familias, que se puedan volver productivas”, dijo Francis James, quien anotó que por encima de hacer inversiones en obras se necesita generar acciones donde la gente participe  productivamente, liberándose de buscar empleo en entidades públicas y privadas, y se convierta en auto empleador

 Conocedores de la problemática en las islas después del fallo de la CIJ, coinciden en señalar que falta mucho por recorrer tendiente a orientar el desarrollo, darle armonía y protección al Archipiélago, su gente y sobre todo  al medio ambiente

 Otros señalan que falta implementar el estatuto raizal para poder proteger el territorio con sus características étnicas y raizales y culturales, y hacer mejor uso del entorno marítimo de la localización de la vecindad internacional para el desarrollo conjunto de las regiones

 Alain Manjarres Flórez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de San Andrés y Providencia, y quien hace parte de la comisión intersectorial para darles garantía a los empresarios de las islas, reconoce que se han apoyado muchas iniciativas por parte del Gobierno Nacional con recursos, pero se ven atrasos  en el desarrollo de algunas de las estrategias ante los plazos largos en materia de contratación y estudios previos para poder determinar cómo se van a hacer las inversiones en el departamento

 Y pone como ejemplo el dragado de acceso a los puertos de San Andrés y Providencia, ante el anuncio del Ministerio del Interior de adelantar primero la consulta previa con la comunidad étnica raizal, y la recuperación de playas,  lo cual demora los procesos que generan incertidumbre en la ciudadanía

 Manjarres Flores hizo alusión al tema de la pesca  y reconoce que con el fallo el sector más afectado es el sector de la pesca industrial ante el retiro de dos empresas. Actualmente se trabaja en un proyecto productivo para quienes laboraban en las flotas pesqueras y es así como ya están realizando su primera faena, con su propia empresa a través de una embarcación arrendada

 Entre tanto Corine Duffis, vocera del movimiento AMEN, considera que el país le ha mentido ya que no les ha sabido responder con las obligaciones que tiene con el pueblo raizal  y mucho menos cumplirles, por lo que siguen insistiendo en la autonomía del territorio con  gobierno propio

 Los ciudadanos más pacientes consideran que se debe tener un poco de paciencia porque el “plan Archipiélago” es de una visión a largo plazo, que conjuntamente con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Gobierno Nacional por $70 millones de dólares, los cuales se destinarán a financiar el programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, podría demorarse entre cinco y diez años.