Los funcionarios de la Defensoría en la mira de los grupos armados ilegales
En el último año dos defensores han sido asesinados, 13 amenazados y tres regionales han recibido intimidaciones.
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, alertó por las agresiones que se vienen incrementando contra los defensores y funcionarios de la entidad, por desarrollar su labor durante el último año
En el último año dos funcionarios han sido asesinados, 13 amenazados y tres defensores regionales que han recibido mensajes intimidatorios por lo que seis de los anteriores ya debieron recibir medidas de protección
“Los funcionarios de la Defensoría están en la mira de los grupos armados ilegales y es lamentable que nosotros que cumplimos una labor estrictamente humanitaria estemos siendo objeto de atentados”, manifestó el defensor Otálora
El último hecho se registró el pasado viernes, cuando “varios hombres que se identificaron como miembros del Bloque Mineros de las AUC, retuvieron a un abogado de la Entidad en Yolombó en Antioquia”
Por su intermedio profirieron amenazas contra la comunidad de defensores públicos en ese departamento, enviando un mensaje señalando “que se abstuvieran de realizar defensas a miembros de la guerrilla o de lo contrario atentarían contra ellos”
Según las investigaciones de la Defensoría se trata de grupos armados ilegales, “posdesmovilizados”, que se constituyeron en bandas criminales y vienen realizando violaciones de derechos humanos además contra la población civil
El Defensor Otálora puso en conocimiento de la situación de manera directa y personal a los ministros de Defensa, Juan Carlos Pinzón y del Interior, Aurelio Iragorri, así como al director de la Policía, General Rodolfo Palomino
Además envió comunicación escrita para que se adopten las medidas necesarias a fin de continuar con las tareas de defensa técnica y protección a los Derechos Humanos
El Defensor del Pueblo expresó su desconcierto e insistió en la implementación y fortalecimiento de las medidas de seguridad necesarias para garantizar el trabajo de sus funcionarios, al tiempo que exigió a los grupos armados ilegales de guerrilla y ‘bandas criminales’ respetar el trabajo de la Defensoría del Pueblo como entidad promotora y protectora de los Derechos Humanos.
