Tribunal critica preacuerdos de la Fiscalía con capturados en flagrancia
Dice que el sistema acusatorio está en crisis y que el cambio de delitos y la rebaja de penas es una forma de impunidad.
El Tribunal Superior de Bogotá negó el preacuerdo al que llegó la Fiscalía con un hombre capturado en flagrancia después de agredir con un puñal a un trabajador por robarle una pulidora
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En la audiencia de legalización de captura al detenido, Luis Ernesto Beltrán Salcedo, le imputaron los delitos de tentativa de homicidio y hurto agravado, pero nueve meses después la fiscalía informó al juez que había llegado a un preacuerdo con el procesado y que uno de los cargos había cambiado al de lesiones personales con deformidad física permanente
Esto significa que Beltrán, quien se exponía inicialmente a una pena entre 104 a 337,5 meses, ahora enfrenta un delito que es castigado con 32 a 126 meses de cárcel. Para el tribunal el preacuerdo entre la Fiscalía y Luis Ernesto Beltrán Salcedo implica una rebaja en la pena del 69,23%, que está por encima de lo establecido en la ley para casos de flagrancia, donde sólo puede ser de ¼ de la pena
Contrario a lo que piensa la Fiscalía, los magistrados advierten que el procesado sabía lo que hacía, actuó con voluntad y dirigió su ataque a una región vital del cuerpo de su víctima
“Si dichos acuerdos son ilegales, porque conceden más beneficios que los autorizados por la ley, se omite imputar agravantes u otros delitos, se desconocen las prohibiciones legales para otorgar rebajas de pena (como en los casos de flagrancia), o, en fin, se incumple la obligación de establecer una línea clara de congruencia entre lo fáctico y lo jurídico, a la judicatura no le queda camino diferente al de rechazar por ilegales tales preacuerdos”, precisa el tribunal
Advierte el tribunal que el sistema acusatorio tiene graves carencias y que el Congreso ha contribuido para evitar que funcione adecuadamente
“Por ello se ha venido criticando el populismo punitivo que llevó, por ejemplo, a la expedición de las leyes denominadas pomposamente como de “seguridad ciudadana”, el nuevo “estatuto anticorrupción”, o la reforma penitenciaria, que poco tienen de lo uno y de lo otro, según los comentaristas, y, en cambio sí, un claro contenido fetichista hacia la norma, creyendo que con nuevos delitos se solucionan los problemas estructurales -de desigualdad y pobreza, entre otros- que padece la sociedad colombiana”, insistió.
