Programas de Gobierno para legalización minera han funcionado en menos de un 4%

Según un informe revelado por la Contraloría, el proceso de legalización de la minería ha resultado costoso y muestra mínimos resultados con salo un 3,7% de logro en más de 10 años

Sobre la legalización de la minería para abril de 2010, el Ministerio de Minas y Energía entregaba el reporte de 158 minas legalizadas en 8 años de vigencia del programa, con un costo total de $14 mil millones corrientes, lo que significaría que “cada legalización habría tenido un costo de $89 millones, sin tener en cuenta costos indirectos y un promedio de 20 minas legalizadas por año”

El organismo de Control se cuestiona además la cifra de 274 legalizaciones en un periodo de 10 años con la cifra que reporta el Censo Departamental Minero (que no incluye 10 departamentos aún) de 9.041 Unidades de Producción Minera ilegales, ¿qué podría pensarse de la significancia del Programa de Legalización de la Minería de hecho, la cual es 3%.?El informe asegura que la minería se concentra en el oro, en primer lugar y en las arenas y arcillas posteriormente, lo que viene causando “un elevado y preocupante impacto negativo sobre el medio ambiente”, señalando los casos de las cuencas de los ríos Dagua en el Valle del Cauca y San Juan en el Chocó

Según el estudio de la Contraloría, el Estado no solo se encuentra lejos del minero y su entorno, sino que su presencia es reemplazada fácilmente por grupos al margen de la ley, que asumen su papel en la ilegalidad

Estos grupos armados ilegales “otorgan ‘permisos’, cobran ‘impuestos’, imponen a su manera un orden social, sancionan y condenan con la fuerza de las armas en total impunidad, al margen de la Constitución y la ley”

“El diseño de la política minera del país, su aplicación y desarrollo normativo en medio de la tolerancia de las autoridades territoriales, la desnaturalización y baja capacidad de la institucionalidad minera y ambiental”, son los factores que han propiciado en gran medida la actividad de la minería ilegal

Esta política pública minera está diseñada para que en el marco de la legalidad subsistan solo los empresarios fuertes, “situación que de ninguna manera favorece el desarrollo de la actividad a esa pequeña escala en el marco de la legalidad minera”.