Gobierno sólo paga el viaje de representantes de los trabajadores y la ANDI: Mintrabajo

Luego de las informaciones de un medio de comunicación en el que señala que el Gobierno pagó la delegación total de 63 personas, que participarán por Colombia en la Conferencia Internacional del Trabajo número 102, en Ginebra, Suiza, el Ministerio del Trabajo afirmó que solo la comisión tripartita asiste con todo pago

El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, dijo que como es una conferencia internacional, el Gobierno debe acreditar a quienes pueden ingresar a la conferencia y para eso recibe las solicitudes que presentan las entidades públicas

Explicó que la obligación del Gobierno es que haya un equilibrio entre quienes van a la conferencia como son los empleadores que en este caso están representados por la ANDI, los trabajadores representados por las principales centrales obreras y el Gobierno

El titular de la cartera del Trabajo afirmó que el Gobierno tiene la obligación de financiar la participación de dos personas por cada central obrera y una persona que asiste en la representación de la ANDI

Anotó que el resto de participantes se financia por su propia cuenta o por cuenta de la entidad

“Es decir que haberlos acreditado en la Conferencia de la OIT no implica que los gastos corren a cargo del Gobierno”, manifestó Pardo

Señaló que por parte del Gobierno van tres personas del Ministerio de Trabajo, una persona de la Presidencia, mientras que la Función Pública y el Servicio Civil, que son los que tienen que ver con el empleo y el resto de la conferencia, se cubre la misión de Colombia en Naciones Unidas

El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, dijo que también van magistrados, cabezas de organismos de control que tienen interés en todo este proceso de legislación del trabajo sobre los temas laborales y un tema muy importante para quienes están en el mundo del trabajo esta conferencia anual de la OIT

Finalmente el ministro del Trabajo aclaró que es usual que asistan magistrados que hacen parte de la salas laborales tanto del Consejo de Estado como de la as Cortes Suprema y Constitucional, que son órganos jurisdiccionales que tienen que estar actualizados con la legislación laboral.