No podemos obligar a las Farc a que firme un acuerdo de paz: vicepresidente ante la ONU

El Gobierno de Colombia reiteró hoy su compromiso con la búsqueda de la paz, pero dejó claro que no puede garantizar el resultado del diálogo que mantiene con la guerrilla de las Farc ni que este proceso concluirá con la firma de un acuerdo. "Una vez más manifestamos que seguimos en la búsqueda de la paz, con la voluntad política del gobierno de firmar un acuerdo, pero desafortunadamente no tenemos los mecanismos ni el poder para obligar a la guerrilla de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) a hacerlo", dijo hoy en Ginebra el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón. Garzón intervino hoy en una breve sesión del mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas conocido como "Examen Periódico Universal" (EPU), en el que se adoptó el informe final sobre los derechos humanos en Colombia. En sus respuestas a las numerosas intervenciones de otros países alentando el proceso de paz, reiteró que "el diálogo depende de la voluntad de ambas partes". Garzón aseguró también que "cualquier reforma" de la Justicia en su país "no tiene como propósito la impunidad y menos la violación de los derechos humanos". El informe final adoptado hoy en el EPU contiene 160 recomendaciones, de las que Colombia aceptó 126, bajo la consideración de que ya está implementando 120 de ellas. La delegación colombiana dijo que toma nota de otras ocho y que las consultará con el presidente Juan Manuel Santos, en casos como la sugerencia de constituir una Comisión de la Verdad en un futuro próximo. También indicó que ha tomado nota de propuestas como la de legalizar el matrimonio y la adopción de niños por parejas formadas por personas del mismo sexo y apoyar el proyecto de ley para garantizar a las víctimas de violencia sexual acceso a la justicia, especialmente en los casos vinculados al conflicto armado. Otra recomendación que prometió evaluar con las autoridades competentes tiene que ver con garantizar que el sistema de justicia militar no tenga jurisdicción en casos de violaciones de los derechos humanos que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad. En el informe, Colombia indica que más de veinte recomendaciones carecen de su apoyo, entre ellas varias que coinciden en sugerirle que ratifique protocolos opcionales que amplían la aplicación de las convención Contra la Tortura, sobre los Derechos de los Niños, o para el reconocimiento de la competencia del Comité de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas. Otro mención que no apoyó fue la relacionada con la necesidad de adoptar medidas para resolver la cuestión relacionada con la expansión de grupos armados que surgieron de la desmovilización de organizaciones paramilitares. Igualmente, afirmó que no contaba con su respaldo el comentario sobre los esfuerzos que se requieren para poner fin al reclutamiento forzado de niños, una crítica que Colombia ha rechazado en varias ocasiones que tenga que ver con sus fuerzas de seguridad. En su discurso, Garzón dijo que "algunas (de las recomendaciones) no las acogemos" porque se basan en "supuestos", "transgreden la "dignidad" del país o "niegan los avances realizados hasta hoy". Lo mismo ocurre, agregó, con otros planteamientos para la adopción de distintas convenciones internacionales, en vista de que Colombia ya cuenta con instrumentos jurídicos eficaces frente a los temas que ésas abordan. Recordó asimismo que Colombia forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que tiene instrumentos fuertes en relación a esas problemáticas