Ponen freno a contratistas que manipulan información financiera

Al revocar una sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira, el alto tribunal indicó en el fallo, en referencia a una empresa que demandó al departamento al no adjudicársele una licitación que "le suministran (a la administración pública) simultáneamente informaciones diversas y por tanto inconsistentes, inexactas o erradas (...) en beneficio de sus propios intereses, los cuales pretenden hacer prevalecer sobre el interés general con cuya satisfacción, precisamente, deben comprometerse y colaborar decididamente los contratistas particulares en su condición de colaboradores de las entidades estatales”. El contrato negado tenía como objeto la construcción de una biblioteca en Riohacha, durante 1999. "La Sala advirtió que existían inexplicables diferencias entre la información financiera que la empresa licitante incluyó en su oferta y aquella información financiera que plasmó en su propia declaración de renta, con lo cual se pudo establecer que no contaban con el presupuesto necesario para realizar la obra", señaló el Consejo de Estado. “El haber verificado la ausencia del presupuesto indispensable e ineludible para la selección de un oferente consistente en el respeto y apego a los postulados de la buena fe, como quiera que la demandante desconoció tales dictados al suministrar información financiera inexacta, inconsistente y contradictoria, la cual era necesaria y sensible para la evaluación y comparación de su oferta, hay lugar a concluir que procedió bien la entidad pública demandada en cuanto consideró que dicha oferta no era pasible de adjudicación”, puntualiza el fallo

La sentencia advierte que las entidades estatales no pueden establecer causales de exclusión de las propuestas en sus pliegos de condiciones, lo cual no riñe con la exigencia de que los proponentes deben obrar de buena fe.