Defensoría del pueblo emite informe de riesgo sobre Medellín
Durante el último año, el Instituto de Medicina Legal registró un total mil 258 homicidios en la capital de Antioquia, de los cuales 117 correspondieron a menores de edad.
La defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo sobre Medellín por grave situación de Derechos Humanos, dada la actual confrontación entre los grupos armados ilegales de ‘Los Urabeños’ y algunas bandas articuladas a la ‘Oficina de Envigado’ por el control territorial, económico y social de las comunas 8, 10, 13 y 16 y los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista de Medellín
A través del Informe de Riesgo enviado a las autoridades locales, regionales y nacionales, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo le recomienda al Ministerio del Interior coordinar la respuesta integral de por lo menos 18 entidades del Estado que permita la adopción de medidas concretas y efectivas ante la grave situación de derechos humanos que enfrenta la población de dichas comunas y corregimientos
Tales medidas deberán incluir la implementación de programas de carácter social que permitan superar las condiciones de vulnerabilidad de la población; la aplicación de esquemas de protección para los líderes sociales; el fortalecimiento de las unidades de investigación de la Fiscalía General de la Nación; el establecimiento de un grupo especial de la Fuerza Pública para combatir la extorsión; garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto a partir de su inclusión en el registro nacional de víctimas, entre otras
Aunque el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez reconoce los esfuerzos que han venido haciendo tanto la Alcaldía de Medellín como la Gobernación de Antioquia para enfrentar la problemática, señaló que la intervención de Estado no da espera. El Defensor del Pueblo llamó la atención por el incremento en las acciones de reclutamiento de jóvenes entre 12 y 17 años, así como el aumento del riesgo de utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes por parte de combos y grupos armados ilegales post desmovilización de las autodefensa para el expendio de drogas y el trasporte de armas, entre los más comunes
El SAT de la Defensoría estima que cerca de 18.500 niños, niñas y adolescentes de las comunas 8, 10, 13 y 16 y de los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista de la capital antioqueña se encuentran en situación de riesgo de reclutamiento y utilización ilícita por parte de estos grupos ilegales
De otro lado, el SAT identificó 55 casos de homicidios contra mujeres, por el hecho de ser mujeres en el marco del conflicto armado que vive la ciudad
Esta situación se debe en gran parte al fenómeno denominado ‘fronteras invisibles’ que delimitan el accionar y el control territorial de los grupos armados ilegales, que impide que los niños, niñas y adolescentes puedan transitar entre diferentes zonas y que ha generado un proceso progresivo de deserción escolar que se ha incrementado en los últimos tres años, al pasar de 3,4% en 2010 al 4,4% en 2012
Otras problemáticas que afectan a los pobladores de las comunas son amenazas recurrentes contra defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas, docentes, líderes comunitarios, jóvenes artistas y población LGBT, así como las extorsiones contra comerciantes y transportadores.
