Defensoría pide a Medicina Legal aclarar muerte de líder de restitución de tierra
Según la Defensoría la semana pasada Angélica Bello, recibió amenazas directas para que dejará sus actividades organizativas en Codazzi.
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, les solicitó a Medicina Legal y la Fiscalía aclarar en el menor tiempo posible las causas de la muerte de la líder de las víctimas de violencia sexual en Colombia, Angélica Bello, ocurrida el fin de semana pasado en extraña circunstancias
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“Se mantuvo comunicación permanente con la Fiscalía y Medicina Legal para garantizar una autopsia detallada que no permita lugar a dudas sobre las causas de la muerte de Angélica Bello”, sostuvo Otálora
Angélica Bello, fue víctima de violencia sexual como consecuencia de su labor en defensa de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, ante lo cual solicitó el apoyo y acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para denunciar la violencia sexual contra las mujeres, en el contexto del conflicto armado
También se preció que desde 1999, Angélica Bello fue fundamental para hacer visible la dinámica de la violencia sexual, para motivar a otras mujeres víctimas a denunciar, exigir acceso a la justicia y una atención adecuada, que reconozca las necesidades particulares de las mujeres. La Defensoría señala que el trabajo de Bello aportó, de manera concreta, en la decisión de Human Rights Watch de hacer un informe sobre violencia sexual y desplazamiento forzado en Colombia, presentado a finales del año pasado y en el diseño del proyecto de Ley 037 de 2012 que busca garantizar la tipificación adecuada de la violencia sexual en el conflicto armado. Bello permanentemente recibió amenazas, que la obligaron a cambiar su lugar de residencia. “La semana pasada, recibió amenazas directas para que dejará sus actividades organizativas en Codazzi (César), razón por la cual el jueves de la semana pasada la Defensoría solicitó medidas de protección”
“La muerte de Angélica debe suscitar en nuestra sociedad una reflexión sobre los impactos emocionales en la vida de las mujeres víctimas y una acción decidida del Estado para garantizar una atención sicosocial adecuada a las víctimas”, advirtió el defensor Otálora Gómez
