Pliego de cargos contra exgobernador del Vaupés

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra José Leonidas Soto Muñoz, en su calidad de gobernador del departamento de Vaupés, por la presunta suscripción de varios contratos para un mismo fin

Así mismo fueron cobijados con esta determinación Gustavo Enrique Martínez Díaz, en su condición de secretario de Educación de Vaupés; William Enrique Rosales Vargas, en su calidad de secretario jurídico del departamento y encargado de las funciones de gobernador del Vaupés; y el señor David Amézquita Driss, secretario de Gobierno y Administración de la citada Gobernación, encargado de las funciones de gobernador para la época de los hechos

De acuerdo con la investigación, el gobernador Soto Muñoz, Rosales Vargas y Amézquita Driss, en su calidad de gobernadores posiblemente incurrieron en fraccionamiento de contratos, pues suscribieron de manera directa y dentro de la misma vigencia fiscal seis contratos con el mismo objeto consistente en la prestación del servicio de transporte aéreo para el traslado de personal y bienes del municipio de Mitú hacia las instituciones y centros educativos de la zona rural de Vaupés

El pliego de cargos señala que el gobernador José Leonidas Soto encargó a su secretario jurídico, Rosales Vargas, la suscripción de los contratos 009 y 010 de 2008; a su secretario de Gobierno, Amézquita Driss, la firma del contrato 026 de 2008; y firmó directamente los contratos 099, 100 y 116 de 2008. Los seis contratos sumados superan los 531 millones de pesos, valor que obligaba a surtir el procedimiento de licitación pública, “cuyo rango va desde $129.220.001 en adelante” y no recurrir a la contratación directa, como habría sucedido en este caso

Así mismo se formuló pliego de cargos contra Martínez Díaz, en su calidad de secretario de Educación del Vaupés, porque al parecer elaboró y aprobó los estudios previos y de conveniencia que sirvieron de soporte para la celebración de los contratos 009 y 010 suscritos por el señor Rosales Vargas. Por último, la Procuraduría cuestiona la conducta de Soto Muñoz, Rosales Vargas y Amézquita Driss porque al parecer incurrieron en un sobrecosto en varios de los contratos suscritos, al pactar el pago de valores superiores a los cotizados, con lo cual habrían incrementado en forma injustificada el patrimonio a favor de un tercero.