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Defensor del Pueblo exigió al Ejército garantizar la seguridad a los habitantes del Chocó ante paro armado de las Farc

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, le exigió a las autoridades del Chocó que garanticen la movilidad y la seguridad para que la comunidad no se vea afectada.

Defensor del Pueblo exigió al Ejército garantizar la seguridad a los habitantes del Chocó ante paro armado de las Farc

Defensor del Pueblo exigió al Ejército garantizar la seguridad a los habitantes del Chocó ante paro armado de las Farc

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El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, le exigió a las autoridades del Chocó que garanticen la movilidad y la seguridad para que las personas que se están viendo afectadas por el paro armado decretado por las Farc y la banda criminal de 'Los Rastrojos', puedan desarrollar sus actividades de rutina con normalidad

"Hemos solicitado a las autoridades militares una protección adicional a todos los habitantes del Chocó (...) La información que tenemos es que en un centro comercial se estaban distribuyendo unos panfletos en donde las Farc amenazaban de muerte a las personas que no apoyaran el paro armado", dijo en diálogo con Caracol Radio, el defensor del Pueblo. De igual manera, señaló que una comisión de la entidad se desplazó a la provincia de San Juan, epicentro del paro armado, para valorar la situación. Según la información que obtuvo la Defensoría del Pueblo, desconocidos distribuyeron entre los comerciantes de Quibdó, panfletos en los que presuntamente el frente 34 de las Farc anunció la declaratoria de un paro armado desde este fin de semana. Según el Defensor del Pueblo, en los panfletos, supuestamente las Farc prohíben usar el transporte fluvial por el río Atrato y el transporte terrestre por la vía que de Quibdó conduce a Medellín a Istmina y de Tadó hacia el departamento de Risaralda

Finalmente el defensor del Pueblo instó a que las autoridades civiles y, sobre todo, a la fuerza pública en refuercen los dispositivos de seguridad en esa región. Le exigió a las Farc que respete el Derecho Internacional Humanitario que prohíbe toda forma de amenaza e intimidación, cuyo propósito sea el de aterrorizar a la población civil, la cual debe ser excluida del conflicto armado. 

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