En el congelador, por María Jimena Duzán

Sábado 26 Noviembre 2011 en Revista Semana¿Y qué ha pasado con la mafia todopoderosa e intimidante que saqueó la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)? Que sigue ahí, campante, moviéndose como las serpientes, a ras de la tierra, sin que la Fiscalía haya podido exponerla. Desde que el gobierno del presidente Santos, en octubre de 2010, destapó ese escándalo y se puso bajo el ojo del huracán la gestión de dos de los últimos directores de la DNE del gobierno Uribe, Carlos Albornoz y Ómar Figueroa, es muy poco lo que se ha avanzado

Como se recordará, el escándalo fue denunciado por el propio ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, cuando el nuevo director de la DNE, Juan Carlos Restrepo, encontró serias evidencias de que los bienes incautados al narcotráfico habían sido prácticamente saqueados por una red de corrupción altamente sofisticada que aparentemente funcionaba como una mafia desde el interior del Estado; dicha mafia, según lo expresaron en su momento varios voceros del gobierno, tendría fuertes nexos con importantes caciques políticos -en su mayoría conservadores-, quienes presuntamente se habrían hecho al manejo de varios de esos bienes a través de testaferros. "La DNE es un fortín del hampa", fue la frase que acuñó en aquella ocasión el ministro Vargas Lleras. Al mes, la entidad fue intervenida y una comisión de investigadores de la Dijín entró a sus oficinas con el fin de adelantar el acopio de pruebas que permitiera abrir los respectivos procesos penales. La investigación empezó con grandes bríos en la Fiscalía, en octubre del año pasado. El fiscal encargado Mendoza Diago decidió enviar el caso a la Unaim, la unidad de delitos que tienen que ver con el narcotráfico, y bajo la batuta de la fiscal Ana Margarita Durán, se integró un grupo de investigación del más alto nivel y con los mejores hombres de la Policía colombiana, quienes a su vez contaron con el apoyo de la DEA. Todo parecía indicar que la investigación iba por buen camino. Vino luego el cambio en la Fiscalía y en enero de ese año entró a comandar el ente acusador Viviane Morales. Una de las primeras decisiones que ella tomó fue la de sacar a la fiscal Ana Margarita Durán de la Unaim y nombrar en su reemplazo a Juan Carlos Acevedo. Esa decisión la sustentó con el poderoso argumento de que, a su llegada, había encontrado que la doctora Durán no había hecho bien su trabajo y que investigaciones como la de la DNE estaban prácticamente estancadas. Desde entonces, el proceso, en vez de haber avanzado, se ha ido estancando aún más: hasta el momento no hay ningún funcionario capturado y los que han sido imputados se han logrado parapetar en una hábil estrategia dilatoria impulsada por sus abogados. A pesar de que en octubre pasado la Fiscalía finalmente anunció la imputación de cargos contra 11 funcionarios de la DNE, entre ellos, el exdirector de esa entidad Ómar Figueroa, la audiencia fue suspendida por un juez debido a que no pudieron poner de acuerdo a los 11 imputados para asistir a la cita. Y viendo cómo se mueven las cosas en este proceso, lo más probable es que nunca lo hagan. No se necesita ser muy suspicaz para advertir que lo que se busca es dilatar la investigación con el objetivo de que la justicia termine enredada entre sus propios incisos. ¿A quiénes benefician todas estas tácticas dilatorias que tienen trabada esta investigación? Pues a esa mafia poderosa que saqueó la DNE, la cual hoy sigue siendo intocable. Y si esta investigación no prospera en la Fiscalía, difícilmente lo puede hacer la que se les está adelantando en la Corte Suprema de Justicia a los políticos acusados de haber manejado esos bienes incautados a través de terceros. Si no se puede probar la existencia de una mafia que habría saqueado la DNE, a la justicia le queda aún mucho más difícil probar que en esa sociedad secreta también tenían su tajada los políticos

Una justicia que no es oportuna y que camina al paso de la tortuga les sirve a las mafias enquistadas, como la que saqueó la DNE, para ganar tiempo porque por esa vía borran fácilmente su rastro. Pero también les sirve para encontrar nuevos aliados que les permitan seguir operando en la clandestinidad. Ojalá la fiscal Viviane Morales salga de su mutismo en temas como estos y nos explique por qué esta investigación anda tan estancada

La mafia que le gana a la justicia, por María Jimena DuzánSábado 13 Octubre 2012Songo sorongo, el escándalo de la Di-rección Nacional de Estupefacientes, va camino a la impunidad. Ninguna investigación ha avanzado en estos dos años: ni la de los funcionarios investigados en la Fiscalía, ni la de los congresistas en la Corte Suprema de Justicia, ni las que unos y otros tienen en la Procuraduría y en la Contraloría

Después de haber pasado por dos fiscales generales, Mendoza Diago que la empezó con bríos, Viviane Morales que la enrutó hacia los peces chicos haciéndonos creer que eran los grandes -su padre además, según lo reveló La W, era depositario de la DNE-; después de dos fiscales coordinadores, uno bueno, Ana Margarita Durán, quien fue sacada por Morales y otro mediocre, Juan Carlos Acevedo puesto por ella y todavía en el cargo, la Fiscalía de Eduardo Montealegre ha prometido que va a dar resultados. Sin embargo, por el momento sus promesas no se han traducido en hechos. La verdad es que hasta hoy la Fiscalía no ha podido desar-ticular la empresa criminal que saqueó a la DNE denunciada por Juan Carlos Restrepo el director de la DNE que destapó esa olla. Y la justicia está en mora con el país que aún no sabe quiénes fueron los funcionarios, los congresistas y los narcos que se lucraron de este saqueo al Estado. Las cosas estarán tan mal, que ni siquiera la Fiscalía ha podido hacer la audiencia de imputación contra Camilo Bula, un depositario, que al parecer habría vendido bienes de las sociedades del clan Nasser Arana por cerca de 20.000 millones de pesos. Bula firmó contratos aparentemente innecesarios a nombre de dichas sociedades por montos exorbitantes. Bula no es cualquier depositario: es un hombre que se mueve como pez en el agua en la Fiscalía, porque fue director de la Unaim de donde salió por no poder demostrar las calidades necesarias para el cargo, además de que fue pública su estrecha relación con Carlos Alonso Lucio, esposo de la fiscal Morales. (Ver columna sobre caso Bula) Si este caso se hubiera investigado con todas las de la ley, hoy el país sabría los nombres de quienes urdieron esta operación criminal. Pero la Fiscalía ni siquiera ha podido acusar a Bula ya que ha sido más eficaz la estrategia dilatoria de sus abogados que la del ente acusador. Tampoco se han investigado asesinatos como el de un señor que compraba carros incautados y a quien le cobraron 1200 millones por debajo de la mesa, para luego matarlo. Su asesinato, perpetrado por mafias internas de la DNE, quedó grabado en un video que la Fiscalía tiene en su poder. ¿Qué ha pasado con los casos de funcionarios que ayudaban a los mafiosos en los procesos de extinción de dominio para que les devolvieran los bienes incautados? ¿Por qué no hay ni una acusación contra el exdirector de la DNE, Carlos Albornoz, quien estuvo al frente de la entidad durante el tiempo en que se habría consolidado esta organización criminal (2005-2009)? ¿Qué ha pasado con las investigaciones disciplinarias que se abrieron contra 11 congresistas, en su mayoría senadores conservadores, quienes hoy fungen como los jefes de campaña de la reelección del procurador? Si es cierto que hace más de seis meses dos magistrados que ya iban a terminar su periodo dejaron listos tres proyectos de apertura de investigación contra senadores, ¿por qué el nuevo presidente de la sala penal, Leonidas Bustos, no las ha estudiado? ¿Será que anda tan ocupado en la reelección del procurador que no ha tenido tiempo de estudiar el tema? ¿Habrá pensado que esta no es la hora de investigar a ningún conservador porque necesitan de sus votos antes de que se vayan para la cárcel? Como vamos, lo mas probable es que todos los investigados terminen absueltos como de hecho acaba de suceder con uno de los dos directores de la DNE envueltos en el escándalo, Omar Figueroa, a quien la Procuraduría acaba de absolver en una investigación que se le abrió porque su padre habría pedido una plata para influenciar la entrega de un bien a un conocido suyo cuando su hijo era director de la DNE. La mafia se nutre de los pactos de silencio para crecer al amparo de la impunidad. Y es deber de la Justicia romperlos. Si no lo hace, las empresas criminales como la que saqueó al DNE seguirán creciendo, arrasando con nuestro Estado de derecho sin que nadie se atreva a denunciarlas