En recta final juicio disciplinario contra funcionarios de Saludcoop
El proceso es adelantado por el procurador delegado para la Vigilancia Administrativa, Fernando Brito, quien escuchará en alegatos de conclusión, entre otros a Carlos Palacino.

El próximo martes será la última audiencia dentro del juicio disciplinario que adelanta la Procuraduría General de la Nación contra el cuerpo directivo y miembros del Consejo Directivo de Saludcoop, para que respondan por posibles irregularidades en la formulación de recobros y por probablemente apropiarse de recursos públicos
El proceso es adelantado por el procurador segundo delegado para la Vigilancia Administrativa, Fernando Brito Ruiz, quien escuchará en alegatos de conclusión a: Carlos Augusto Palacino Antía, en su condición de representante legal; Carolina Lamus, en su condición de vicepresidenta administrativa y miembro de la junta administradora de Epsifarma; y Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, vicepresidente financiero, representante legal suplente y apoderado general de Saludcoop
Así mismo, los miembros principales del Consejo de Administración para el período comprendido entre el 2009 y el 2011, Alberto Castro Cantillo, José Enrique Corrales Enciso, Jaime Chávez Suárez, Claudia López Ochoa, Rene Cavanzo Alzugarate, Gabriel Franco Espinosa y Ana María Piñeros Ricardo
Para el Ministerio Público, en la medida en que Saludcoop tiene a su cargo el manejo de recursos del sistema de seguridad social, que de acuerdo con pronunciamiento de la Corte Constitucional son rentas de naturaleza parafiscal que comportan contribuciones obligatorias de naturaleza pública, a los investigados les cabe responsabilidad disciplinaria por los hechos irregulares que se demuestren durante el proceso
De acuerdo con las pruebas recaudadas en la investigación, los acusados, al parecer, incurrieron en faltas gravísimas al realizar recobros al Fosyga por medicamentos, servicios médicos o prestaciones excepcionales en salud, no POS y fallos de tutela, utilizando como soporte del pago cheques girados, los cuales, según la auditoría forense, no fueron entregados a sus beneficiarios.



