Pros y contra del Procurador Ordóñez
Ordoñez también ha levantado polvorera por su oposición a la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Aunque el nombre del procurador Alejandro Ordóñez despierta pasiones entre amigos y detractores, casi todos reconocen en su administración una lucha frontal contra la corrupción
Las cifras confirman la percepción. Entre el 2010 y el 2011 la entidad conoció más de 80 mil procesos, en su mayoría sancionatorios por faltas contra el erario y la transparencia en la contratación
Sus propios colaboradores en la Procuraduría dicen que puso a marchar las administraciones por con la aplicación del Índice de Gobierno Abierto, que le hace seguimiento en tiempo real de las prácticas de gestión pública
En los tres años y medio en el cargo ha ordenado la destitución de 23 gobernadores, 178 alcaldes – en ejercicio de sus funciones- y 18 congresistas. En la actualidad tiene sentado en el banquillo de los disciplinados al senador Eduardo Merlano, por negarse a practicar una prueba de alcoholemia
Según Ordóñez, en el caso de la parapolítica la Procuraduría no ha mantenido un papel más activo debido a que en materia disciplinaria, la prescripción aplica a los 5 años de cometida la falta y muchas de las reuniones y acuerdo entre políticos y paramilitares se habrían producido a partir del 2001, es decir, hace más de 10 años
Al Procurador le critican que en sus actuaciones se apoye no sólo en la ley, en este caso el Código Único Disciplinario, sino en sus convicciones religiosas, que lo han llevado a mantener una confrontación permanente con la Corte Constitucional por la despenalización del aborto
Ordoñez también ha levantado polvorera por su oposición a la adopción por parte de parejas del mismo sexo
Para algunos juristas, académicos y columnistas, con su campaña por la reelección Ordóñez habría empeñado la independencia que hasta ahora había mantenido con la clase política. Incluso, dicen, habría ido más allá al nombrar o mantener en cargos del Ministerio Público a familiares y recomendados de los magistrados de las altas cortes, como ocurrió, por ejemplo, con el Presidente de la Corte Suprema, Javier Zapata, y el presidente de la sala Penal, Leonidas Bustos.
