Parlamentaria europea pide al gobierno investigar constantes amenazas a activistas de derechos humanos

(EFE)La eurodiputada lituana del Partido Popular Europeo Laima Adrikiené solicitó hoy a las autoridades de Colombia que concedan "atención inmediata" y que investiguen los casos de violencia y amenazas contra defensores de los derechos humanos que tienen lugar en ese país. Adrikiené, que es miembro de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, expresó en un comunicado su "profunda preocupación" por las recientes amenazas de muerte dirigidas a activistas en favor de los derechos humanos y otras figuras públicas. En concreto, citó las amenazas recibidas por la vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Soraya Gutiérrez. "Condeno firmemente las acciones ilegales dirigidas contra defensores colombianos de los derechos humanos", enfatizó, y aseguró que tales amenazas "crean un clima de miedo en la comunidad de defensores de los derechos humanos y en el conjunto de la sociedad colombiana". En ese sentido, urgió a las autoridades colombianas a llevar a cabo una investigación "inmediata, independiente, imparcial y exhaustiva", a fin de "dilucidar los organismos o individuos responsables de estos actos abusivos". "El Gobierno de Colombia debe emprender todas las acciones necesarias para proteger de manera eficaz la vida y la integridad física de los defensores de los derechos humanos concernidos, mientras se desarrolle la investigación", concluyó la eurodiputada. Los asesinatos y agresiones a defensores de los derechos humanos y sindicalistas en Colombia han servido de argumento a grupos en el Parlamento Europeo, como la Izquierda Unitaria o Los Verdes principalmente, y también a sectores de la sociedad civil colombiana y europea, para pedir reiteradamente el rechazo al tratado de libre comercio negociado entre la UE y Colombia y Perú. El acuerdo incluye cláusulas sobre el respeto a los derechos humanos, laborales y medioambientales que, en caso de incumplirse, podrían llevar a la suspensión del tratado, aunque los detractores del mismo consideran esas disposiciones insuficientes. El Parlamento Europeo tendrá la clave para que el tratado pueda entrar en vigor o sea rechazado, en una votación que tendrá lugar en en una sesión plenaria el próximo otoño