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EXCLUSIVO CARACOL: Contratos de Fondelibertad bajo la lupa suman más de 2.800 millones de pesos

Inicialmente se informó que dichos contratos costaban mil millones de pesos, pero aparecieron nuevos documentos que elevan esa cifra a 2.800 millones de pesos.

Caracol Radio continuó investigando sobre una serie de contratos suscritos por Fondelibertad, que fueron denunciados este martes. El caso es mucho más grave y amplio de lo que se había advertido

Inicialmente se informó que dichos contratos costaban mil millones de pesos, pero aparecieron nuevos documentos que elevan esa cifra a 2.800 millones de pesos

Es tal la gravedad de lo encontrado, que el propio Ministerio de Defensa en el oficio 79662 del 21 de septiembre de este año, suscrito por el abogado Henry Gustavo León Bejarano, de la Dirección de Control Estatal del Ministerio, con destino a la directora de control de contratación estatal de dicha entidad, Sandra Patricia Borrais Gaona, considera lo siguiente:1. Los estudios previos que soportan los aludidos contratos, carecen de claridad en cuanto a su objeto, no contemplan un análisis y una disertación seria sobre los perfiles profesionales requeridos, ni sobre la calidad ni condiciones del servicio. En muchos de los casos se limitan a contextualizar que se contrata como necesidad de apoyo a la gestión, sin indicar en qué áreas prospectivas o temáticas

Los contratos que habrían incurrido en estas irregularidades son:- Contrato 06 de 2010, suscrito por honorarios con Jorge Eliécer Monje Mahecha, por un valor de 7 millones de pesos mensuales, y quien aparece como ingeniero civil especializado en alta gerencia

- Contrato 032 de 2010, firmado por Ana María Pinedo, por un valor total de 20 millones 700 mil pesos, con pagos mensuales de 2 millones 300 mil, con el objeto de "diseñar y elaborar una campaña focalizada de prevención en secuestro y extorsión para los ganaderos de los departamentos de Guajira, Magdalena, Bolívar, Córdoba y Sucre

- Contrato 088 de 2009, suscrito por María Fernanda Pérez, por un valor de 121 millones 400 mil pesos y pagos mensuales de 13 millones 488 mil pesos, con el objeto de "diseñar y ejecutar una campaña regional en los departamentos de Huila, Tolima, Caquetá y Valle, que tenga en cuenta los factores sociales, económicos propiciadores del delito de secuestro en la región"

La misma situación se repite con los Contratos 188 de 2009, 224 de 2009, 227 de 2009, 137 de 2009, 233 de 2009, que tenemos en nuestro poder y otros tres contratos, cuyos beneficiarios y objeto estamos averiguando

2. El propio oficio del Ministerio de Defensa dice que las campañas para sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre el flagelo del secuestro "no cuentan con cronograma de actividades y de hitos de cumplimiento para atender los aspectos propios del objeto contractual; sumado a ello, los contratistas reflejan en la información de hoja de vida perfiles profesionales que distan de aquellas ciencias sociales que se pensara, pueden concurrir para la realización de estas tareas"

En ese punto también se indica que los suscriptores de los contratos no cuentan con estudios complementarios o superiores como postgrados o maestrías en seguridad y defensa para cumplir con el objeto

Dentro de estas observaciones se encuentran los siguientes contratos:Contrato 088 de 2009 suscrito por María Fernanda Pérez, con el objeto de "diseñar y ejecutar una campaña regional en los departamentos de Huila, Tolima, Caquetá y Valle, que tengan en cuenta los factores sociales, económicos propiciadores del delito de secuestro en la región". También está el contrato 137 de 2009 con Jenny Paola Montero Jiménez, con el objeto de "diseñar y conceptualizar una campaña para la prevención de la trata de personas. Las mismas observaciones se hacen respecto de los Contratos 032 de 2010 y 060 de 2010 3. El oficio del Ministerio dice lo siguiente: Los honorarios que se establecen para los ejecutores de estas campañas no son consonantes entre sí. Si bien el objeto contractual es similar para sus propósitos y ejecución en distintas zonas del país, no lo son los honorarios establecidos para cada caso en particular

4. El documento señala que "no existe una regulación plasmada de honorarios, los cuales en la mayoría de eventos enunciados son exagerados, pese a lo poco claro de los objetos contractuales, por limitarse a enunciar que son de apoyo a la gestión y al plazo de ejecución de los mismos"

5. En el oficio del abogado Henry Gustavo León Bejarano se indica que no se refleja en los archivos de los contratos la forma en que se seleccionaron a varios grupos familiares que resultaron beneficiados con contratos. Se refiere el documento específicamente a Edwin Fernando Feriz Bonello, suscriptor del contrato 041 de 2010 y Jairo Mauricio Feriz Bonello, suscriptor del contrato 060 de 2010, "quienes al parecer son hermanos y figuran como contratistas de la entidad en la misma vigencia fiscal"

6. El oficio hace referencia a los contratos 107, 108 y 109 de 2008 que se suscribieron con el mismo preveedor, CODISPAR LTDA, para servicios de mantenimiento y suministro de repuestos a equipos de transporte a Fondelibertad. "Los dos primeros contratos fueron suscritos el mismo día (8 de agosto de 2008). En total los contratos ascienden aproximadamente a la suma de 1.800 millones de pesos, pero se desconoce el procedimiento para la selección del contratista de manera objetiva y transparente, documentación que no reposa en las respectivas carpetas"

7. Dice el documento del abogado del Ministerio de Defensa que los actos administrativos que sustentan la contratación por prestación de servicios "son muy débiles en su argumentación jurídica y sustentación, no indican el nombre ni el perfil ni las calidades profesionales del contratista. Sólo se limitan a enunciar la suscripción del contrato sin mayor análisis ni estudio"

8. El último punto del oficio cuestiona severamente a los supervisores de los contratos, particularmente a quienes debían hacer seguimiento a la ejecución "de los onerosos contratos de campañas de sensibilización, así como de sus adiciones, los cuales debido a lo disperso e incipiente de sus objetos, así como la presumible falta de idoneidad de los contratistas, hacen complejo no sólo la ejecución de los mismos, sino su seguimiento, aspectos sobre lo cual los supervisores han actuado con mucha ligereza y laxitud.

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