Denuncian presuntas irregularidades en contratación que involucran a gerente liquidadora de DNE

Caracol Radio conoció una denuncia formulada ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, por varios trabajadores de la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación, quienes advierten sobre los posibles intereses de la actual gerente liquidadora de esa entidad, María Mercedes Perry, en la firma de nuevos contratos y adiciones por más de 1.500 millones de pesos, a favor de una empresa en la que ella figura como integrante de la Junta Directiva

En la denuncia se adjuntan documentos que demuestran que el pasado 23 de enero, se firmó el contrato interadministrativo No. 001, por un valor de 1200 millones de pesos, con la firma Almacenes Generales de Depósito Almagrario, que tenía como objeto "el depósito, guarda, conservación, y custodia de los vehículos, motocicletas, aeronaves y motonaves que son dejados a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación" y que han sido incautados a la mafia

Este contrato, a su vez, renovó el contrato No. 009 de 2011, que tuvo una adición suscrita el 17 de noviembre de ese año por 313 millones de pesos, y que tenía el mismo objeto. Verificando el certificado de Cámara y Comercio de Almagrario, expedido el 6 de febrero de este año que tenemos en nuestro poder, se encontró que la Junta Directiva de esa firma está compuesta por Francisco Manuel Lucero Campaña, Ruth Yamile Salcedo Younes, Feliz Pérez Parra y María Mercedes Perry Ferreira; sin embargo la actual gerente liquidadora negó que haga parte de esa junta directiva. "Desde que me posesioné, desde octubre, como en octubre, me posesione el 7 o el 8, y el 6 renuncie, porque además no tenía tiempo de participar en las juntas ni nada, y la DNE me quita muchísimo tiempo, entonces renuncié" En ambos casos la persona que funge como representante de la DNE es Edith Garzón Flórez, quien es contratista y suscribió un poder especial con Perry Ferreira, como apoderada general, en el que certifica que “en desarrollo del presente mandato especial (la apoderada especial) cuenta con facultades dispositivas, administrativas y de gestión, y ordenar pagar saldos a favor del contratista, así como suscribir los actos administrativos encaminados al perfeccionamiento del contrato”. Frente a esta situación, en la que se evidencia que la gerente liquidadora actúa como juez y parte, los funcionarios de carrera de la DNE radicaron una solicitud de aclaración y defensa de los dineros del tesoro público a la Oficina de Control Interno ya que “se desdibuja el entendido de la función pública y de lo público, al permitir que esta responsabilidad que es una función netamente pública, la ejerzan los contratistas y lo más delicado es que de la misma manera, estos dineros públicos sean controlados y ordenada su ejecución, por los mismo prestadores de servicios”, tal como lo denunció Óscar Julio Montenegro, secretario general del Sindicato de Trabajadores Del Estado en los órganos de Control, Sinaltrase

"Como ella (María Mercedes Perry) es la apoderada general de la entidad, está delegando a una sublaterna para que fimre ese contrato interadministrativo por 1200 millones de pesos; para ese contrato y para una adición anterior por 313 millones de pesos"

En ese sentido la respuesta de la Oficina de Control Interno, firmada por Roberto Menjura Camacho, profesional de esa dependencia, señala que “la ordenadora del gasto es la representante legal, que para el caso es la doctora María Mercedes Perry Ferreira y por ende la responsable de la ejecución de los recursos de la DNE en liquidación, otra cosa diferente es la delegación de funciones más no de responsabilidad razón por la cual lo invito a que ponga en conocimiento de los órganos de control las evidencias que señalen que uno o varios contratistas de la DNE estén fungiendo como ordenadores del gasto sin la debida delegación”. En efecto la situación, aparentemente irregular, ya se puso en conocimiento de los órganos de control y del Ministerio de Justicia, e incluso se les pidió que efectuaran inspecciones urgentes a los mencionados contratos, pero también a otros como el No. 162, suscrito el 2 de noviembre de 2011, por ciertas anomalías como falta de soportes que acrediten experiencia laboral de algunos contratistas, e igualmente que se verifique por qué razón hay personas que se encontraban vinculadas mediante contratos de prestación de servicios, los cuales vencieron el 15 de enero de 2012 y continúan trabajando en la entidad, sin ningún tipo de vinculación e incluso saliendo a comisión a distintas partes del país