Pliego de cargos a exdirectores del IDU por irregularidades en la contratación de la malla vial

La Procuraduría Segunda Distrital formuló pliego de cargos contra Liliana Pardo Gaona y Néstor Eugenio Ramírez Cardona, en su condición de directores generales del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), por aparentes irregularidades en los contratos de la malla vial por valor de 188 millones de pesos

Con la misma determinación fueron cobijados nueve funcionarios de la Entidad, entre ellos el polémico Inocencio Meléndez, ex asesor jurídico del IDU. Otros de los investigados son Ana María Ospina Valencia, subdirectora general corporativa; Luis Esteban Prada Bretón, subdirector general técnico; Luis Eduardo Acosta Medina, director técnico de Malla Vial; Luis Rafael Barrera Márquez, subdirector técnico de Licitaciones y Concursos; Eliana Constanza Medina Pabuence, directora técnica de Mantenimiento, y Lucy Yaneth Sánchez, William Fabián Calderón y Helda María Torres

En el caso de Liliana Pardo Gaona, se formularon cargos por adjudicar un Licitación a la Unión Temporal GTM (Grupo 3) y (Grupo 4), sin haber verificado y efectuado una selección objetiva de los contratistas en cuanto a capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y organización de los oferentes. En el contrato 071 de 2008, la firma Translogistic, que aportaba el 40% de participación, presentaba estados financieros que indicaban la poca capacidad de contratación que tenía al momento de la licitación

En el contrato 072/2008, la firma Bitácora Soluciones Ltda., presentó debilidades en sus estados financieros y pese a ello tenía el 50% de participación

Los cargos a Liliana Pardo están también relacionados con omitir el control y vigilancia de la ejecución de los contratos, lo que conllevó a que se presentara un significativo atraso de algunas obras, baja amortización de los dineros entregados al contratista por concepto de anticipo y posible detrimento patrimonial

El presunto detrimento patrimonial en la etapa de ejecución de los citados contratos, según un informe de la Contraloría de Bogotá, está por cuantías de 9 mil 237 y 10 mil 934 millones de pesos, respectivamente.