Funcionarios del ICBF habrían exigido a padres la esterilización para la entrega de sus hijos
La Corte Constitucional encontró que los funcionarios del Bienestar Familiar habrían violado el derecho a la autodeterminación reproductiva.
Por solicitud de la Corte Constitucional, la Fiscalía y la Procuraduría investigara la exigencia de un grupo de funcionarios del Bienestar Familiar a una pareja para que se esterilizaran a cambio de entregarle sus hijos
El Bienestar Familiar que tenía en custodia a los menores y alegaba deficiencias de los padres para tener a sus dos menores hijos
En este caso la Corte encontró que los funcionarios del ICBF violaron el derecho a la autodeterminación reproductiva, ya que en este caso se evidencia una directa coerción a los padres de familia para que se sometieran a cirugías tendientes a no tener más hijos, es decir, se implementó un método de anticoncepción forzado. Se preguntó la Corte, ¿Qué más forzoso que condicionar a unos padres para recuperar a sus hijos, a que éstos se practiquen dichas cirugías?Encontró el alto tribunal que en este caso se quebraron los límites y se violaron los derechos a la unidad familiar y de los niños a tener una familia y a no ser separados de ella
Ante esta situación, se ampara los derechos de los demandantes y de los niños, en consecuencia, exigirá el reintegro de los menores a sus padres biológicos. Dentro de los funcionarios que serian investigados están, Clara Inés Gómez, Trabajadora Social del Centro Zonal Santa Fe, Juddy Olaya Moreno, Trabajadora Social del Centro para el Reintegro y Atención del Niño –CRAN-, Carlos Mauricio Arias, Psicólogo del Centro Zonal Santa Fe, Adriana Galvis, psicóloga del CRAN, Clara Piedad Mateus Blanco, Karla Fernanda Sánchez Villabón y Edwin Rodríguez Molina, Defensores de Familia del Centro Zonal Santa Fe, que estuvieron al frente del proceso en diferentes momentos del mismo
Así mismo pide la Corte poner en conocimiento de estos hechos al Presidente de la República, al Ministro de la Protección Social y a la Directora del ICBF para que se adopten las medidas necesarias tendientes a que lo aquí evidenciado no vuelva a ocurrir, igualmente, para que se establezca si actualmente existen situaciones similares dentro de procesos de restablecimiento de derechos en curso.
