Las regiones trabajan con anticipos incluso en contratos de prestación de servicios: Auditoría General

Un informe entregado por la Auditoria General de la Nación sobre la contratación en los primeros seis meses del presente año en las regiones, revela que en Colombia se sigue trabajando con la figura de los anticipos incluso en los contratos de prestación de Servicios

En estos contratos se encontró una desviación de la figura, si se tiene en cuenta que el 37 por ciento de estos se pactó con anticipos, llegando a una suma que supera los 646 mil millones de pesos. ¿En qué regiones se registraron estos contratos?Entre enero y junio del presente año en cinco entes territoriales se detectaron los contratos más cuantiosos que tuvieron anticipos

En Cali la Autoría encontró 562 contratos por más de 2 mil millones de pesos. En Santander 951 contratos por más de mil 610 millones, en Meta 2 mil 96 contratos por un costo de mil 256 millones, en Arauca 453 contratos por 745 mil 513 pesos, y en Cundinamarca 852 contratos por un costo de más de 254 mil millones de pesos

Ante esa situación, el Auditor General de la Nación, Jaime Raúl Ardila Barrera, lanzó una alerta a los Organismos de Control. Dijo que se observó unas presuntas nóminas paralelas en plenas campañas políticos

Pero para el Auditor la Contratación en general en el primer semestre del año también muestra cifras representativas. Se celebraron 367 mil 290 contratos por un valor de 27,2 billones de pesos. El 27 por ciento se celebró de manera directa

Llama la atención que en términos económicos de los 27 billones de pesos del total del semestre, 16 billones se ejecutaron sin someterlos a convocatoria pública

En materia de contratación, Bogotá no se queda atrás. Según el Auditor General de la Nación Jaime Raúl Ardila, se encontraron contratos por más de 4 mil millones de pesos como para ver al Real Madrid y contratos para convertir a Fontibón en una localidad turística

El informe de la Auditoria hace un llamado de atención a todas las contralorías del país porque se ha generado un uso indebido de la contratación directa para privilegiar personas naturales o jurídicas, lo cual va en contra del principio de los postulados constitucionales de igualdad y moralidad que constituyen la garantía del Estado.