Comisión de Acusación entra a 'retiros espirituales'
La idea es que los 15 miembros de la comisión entreguen propuestas sobre la manera como consideren que debe reformarse la institución.
Una especie de 'retiros espirituales' tendrá desde este miércoles y en forma privada la comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, para estudiar un proyecto unificado de reforma a ese órgano de investigación, cuestionado a lo largo de su historia
La idea es que los 15 miembros de la comisión entreguen propuestas sobre la manera como consideren que debe reformarse la institución y elaborar una propuesta única y conjunta para presentarla como proposición dentro del debate de reforma a la justicia
Los representantes 'botarán corriente' los próximos días sobre lo que consideran el ideal por cumplir en la Comisión, para lo cual hay varias propuestas y de diverso tipo. Sin embargo, cada uno de ellos ha tomado algunos temas de estudio para discutir
"No queremos que nos reformen. Queremos autorreformarnos y para eso estamos haciendo propuestas que conduscan a un solo proyecto nuestro", afirmó uno de sus integrantes, Alfredo Bocanegra
Entre las diversas propuestas figura el que el Congreso siga ejerciendo las funciones investigativas y hasta de sanción en temas de orden disciplinario, para los funcionarios aforados, mas otros que no tienen 'investigador establecido', como el Vicepresidente de la República, el Procurador y el Contralor
Dichas sanciones podrían desde la pena por indignidad, pérdida de los derechos políticos e inhabilidad de los derechos públicos, según una de las propuestas
Bocanegra sostuvo que otra propuesta es que cuando la investigación sea de carácter penal, pero el funcionario dejó de serlo, sea un tribunal especial el que siga el proceso pero finalmente sea la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que establezca la pena correspondiente
Ese tribunal especial de investigación estaría conformado por exmagistrados de las altas Cortes de justicia y de grandes cualidades, pero, en opinión de Bocanegra, mayores de 65 años, para evitar que tengan intereses políticos o personales en su actuación




