Aprobado el Estatuto de Seguridad Ciudadana

Las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes aprobaron el texto de conciliación de la ley de seguridad ciudadana, que establece nuevos mecanismos a los organismos del Estado para combatir la delincuencia organizada y castigar conductas nocivas de los ciudadanos

Con amplia mayoría en cada plenaria, el proyecto fue enviado a la Casa de Nariño para su sanción, conteniendo “todo un arsenal de normas para enfrentar a los delincuentes”, según el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras

La iniciativa reforma los códigos Penal, de Procedimiento Penal y de la Infancia y la Adolescencia, y establece mecanismos indispensables para luchar contra todo tipo de conductas antisociales, incluyendo las barras bravas en el fútbol, la extinción de dominio, la actividad de las bandas criminales y el tráfico de menores de edad. Se elevar a la categoría de delito el simple hecho de disparar al aire, así no cause daños a la integridad de las personas. Será sancionable con pena de prisión entre uno y cinco años. Pero si ese disparo causa heridas o muerte a personas, se aplicará la pena contemplada en el Código Penal como hecho agravante en lesiones personales o en homicidio, según el caso

La nueva norma contempla también facultades extraordinarias al gobierno para que cree en la Fiscalía General de la Nación los puestos de trabajo necesarios para combatir la delincuencia conforme a las nuevas conductas penales que se establecen en esta ley, especialmente las de bandas criminales

El ministro del interior, Germán Vargas Lleras, destacó como punto positivo adicional el que la ley de seguridad ciudadana faculta directamente al gobierno para trasladar los expedientes penales que llevan los jueces en aquellas zonas del país donde no hay garantías suficientes de seguridad para continuar las investigaciones

El tráfico de menores de edad se asimila a un secuestro y establece como sanción hasta 30 años de cárcel, mientras que la utilización de los niños en labores de mendicidad causará prisión entre siete y 12 años

En cuanto a los desórdenes en escenarios deportivos, especialmente en los estadios de fútbol, los responsables serán reseñados, deberán pagar cuantiosas multas y se les impedirá el ingreso al lugar hasta por el término de tres años

También se elevan las penas para el delito de venta de autopartes robadas y el hurto de los vehículos. Quienes comercialicen los aditamentos robados a los automóviles serán sancionados hasta con 12 años de cárcel

Habrá sanciones penales para quienes bloqueen líneas de servicios, como las troncales del servicio público de transporte o de empresas como teléfonos, electricidad, acueductos, gas y similares

Se decidió que se mantendrá en prisión a los menores que paguen una pena por delitos de alto impacto, quienes continuarán detenidos así cumplan la mayoría de edad en prisión. En ese caso deberán completar la condena en la cárcel

Uno de los puntos de mayor incidencia social, por tratarse de uno de los delitos más ocurrentes en los últimos años, el robo de teléfonos celulares, será penalizado con penas más gravosas. Quien manipule, reprograme, remarque o modifique los terminales móviles de los servicios de comunicaciones en cualquiera de sus componentes, con el fin de alterar las bases de datos positivas y negativas que se crearán para el efecto y que administrará la entidad regulatoria correspondiente, incurrirá en prisión de seis a ocho años

Las operadoras y el gobierno tendrán una especie de "lista negra" de celulares robados con las características de cada aparato y sus contraseñas electrónicas, para hacer el seguimiento e impedir que las operadoras acepten el uso de teléfono

Se aprobó además la aplicación de penas entre los 13 y los 22 años de cárcel a quienes financien el terrorismo y grupos de delincuencia organizada

El tráfico de flora y fauna también recibirá un endurecimiento de penas, que puede llegas hasta los 11 años de cárcel y multas hasta de 35.000 salarios mínimos por lucrarse ilegalmente con los recursos naturales. Delitos como el tráfico ilícito de autopartes y la venta ilegal de medicamentos serán duramente sancionados. Y quien fabrique, trafique o porte armas de fuego o municiones, incurrirá en prisión de 9 a 11 años, mientras que el lavado de activos aumenta la pena a 30 años