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Conozca más sobre el decreto del hurto de celulares en Colombia

El Decreto 1630 de 2011 busca restringir el robo de dispositivos móviles en Colombia para evitar su posterior comercialización. Su expedición ha causado controversia entre los vendedores informales, los usuarios y el gobierno.

El Decreto 1630 de 2011 busca restringir el robo de dispositivos móviles en Colombia para evitar su posterior comercialización. Su expedición ha causado controversia entre los vendedores informales, los usuarios y el gobierno

Por medio de este decreto, “se adoptan medidas para restringir la operación de los equipos terminales hurtados que son utilizados para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles”. Por esta razón, se ha anunciado que todos los celulares que sean reportados como hurtados o extraviados serán incluidos en una base de datos negativa y, de esta manera, el aparato será inhabilitado. Esta es la medida que ha tomado recientemente el gobierno de Juan Manuel Santos para reducir las cifras de robo de etsos dispositivos móviles que durante el 2010 superaron el millón

Según la Asociación de la Industria Celular de Colombia ‘Asocel’, una vez el usuario reporta el robo, “de inmediato se procede a suspender la línea y a bloquear el equipo luego de identificar el número de serial o IMEI del aparato, para que este no pueda ser reactivado en Colombia”. De esta manera, el equipo queda bloqueado permanentemente al no ser que el titular lo encuentre y solicite el desbloqueo

Los comerciantes protestan por su derecho al trabajoOtro de los aspectos que se contempló en el Decreto 1630 es que los celulares nuevos y usados sólo podrán ser vendidos en tiendas autorizadas por el Ministerio TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles. Esta medida ha generado malestar entre quienes comercializan celulares y no se encuentran en este grupo, ya que tendrían que suspender ese negocio

En diálogo con el Servicio Informativo de Caracol Radio, Libardo Pizarro, vocero de los comerciantes, sostuvo que ellos importan los equipos celulares con todos los papeles en regla y manifiestos de importación, como lo exige la aduana colombiana, e indicó que no permiten la venta de celulares robados: "Nos afecta directamente porque ya hay un monopolio de las multinacionales de telefonía, que no nos quiere dejar trabajar (...) Somos más de 23 mil familias que vivimos de este trabajo y no podemos quedarnos así"

Ante eso, Min TIC ha dicho que quienes vendan celulares legalmente, tienen un plazo de dos meses para registrar su establecimiento, una vez la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC expida la regulación respectiva

Asocel, por su parte, ha dicho que el decreto es un “buen inicio para éste propósito” pero ha pedido, además, que se tenga un control de este comercio en las fronteras

 

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