Estudian límites a contratatistas en Estatuto Anticorrupción
La Comisión Primera de la Cámara aprobó 67 de los 145 artículos. La norma establece prisión hasta de 18 años a funcionario que tramiten contratos sin requisitos de ley.
Pena de prisión hasta de 18 años se aplicará al funcionario público que tramite un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, así no se suscriba o ejecute, según uno de los artículos aprobados por la comisión Primera de la Cámara de Representantes en tercer debate
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En una prolongada sesión la Comisión aprobó 67 de los 145 artículos de la iniciativa, pero la discusión se alargó en torno a la propuesta de crear inhabilidades para los contratistas que financian campañas políticas
La propuesta original establece que quienes hayan financiado directamente o por interpuesta persona campañas políticas para Presidente, gobernador o alcalde, no podrán celebrar contratos con las entidades de la respectiva jurisdicción durante el periodo para el cual fue elegido el candidato
Congresistas como Jaime Buenahora, del Partido de la U, cree que se generaliza a todos los contratistas y "hay gente de buena fe que aporta a las campañas sin esperar retribuciones ni contratos"
Otros como Alfonso Prada, del Partido Verde, dijo que se puede restringir a cierto tipo de contratos, pues la norma impediría incluso los de servicios profesionales. Y que si no hay financiación total para las campañas, se abre de buena fe una tronera para el ingreso de dineros ilícitos
El coordinador de ponentes, Germán Varón Cotrino (Cambio Radical) dijo que es partidario de extender esa inhabilidad para quienes financian campañas a concejales, diputados y congresistas, que sin duda influyen en las decisiones no solo de contratos sino de los tipos de acciones por ejecutar
La polémica originó el aplazamiento de la discusión hasta el próximo martes, cuando una subcomisión se encargará de buscar consenso en torno al tema, y de la cual formará parte el Ministerio del Interior
En cuanto a las normas aprobadas, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, destacó el artículo que le permite al Presidente de la República ponerse al frente de la Comisión Nacional para la Moralización, y la norma que obliga a quienes abren licitaciones a que sean con base en fase de estudios y diseños ya aprobados
Resaltó también que se aprobó el capítulo referente a las sanciones para quienes se apoderan o den destinación diferente a los recursos para la salud, que serán penalizados fuertemente por encima aún de las penas previstas en el Código Penal para el peculado
"Quienes sean condenados por un delito contra la administración pública, sus sociedades, filiales y subordinadas, estarán inhabilitados a perpetuidad para volver a contratar con el Estado", dijo el Ministro
Sobre la polémica por las inhabilidades para contratistas el ministro Vargas dijo que se buscarán fórmulas de consenso para determinar el texto, pero que el gobierno revisará unos casos puntuales o específicos. "Pero no vamos a permitir que sectores muy importantes de la contratación mantengan capturada la política colombiana", afirmó
Otras normas aprobadas este miércoles son la ampliación, hasta en la mitad, de los términos de la prescripción penal para delitos relacionados con la corrupción, el aumento de penas para el 'soborno trasnacional', la duplicación de términos para investigar hechos contra la administración de justicia, entre otros
Se aprobó también el punto relacionado con el principio de oportunidad para el delito de cohecho. Cuando uno de los intervinientes denuncia el hecho y actúa como testigo, se aplicará dicho principio y habrá cesación del procedimiento en su contra, bajo inmunidad total o parcial
La discusión del estatuto anticorrupción continuará en su tercer debate el próximo martes.
