Crece controversia entre gobernador de Antioquia y Elejalde por denuncias de ‘carrusel de contratos’

El dirigente del movimiento Unidad Liberal, Ramón Elejalde Arbeláez, se declaró extrañado con la respuesta dada a los medios de comunicación por el doctor Luis Alfredo Ramos, gobernador de Antioquia, ya que frente a hechos concretos de corrupción formulados por él en sus artículos de prensa, el gobernador recurrió al ataque personal y a la descalificación. Indicó que Ramos Botero debería explicarles a los antioqueños los cuestionamientos de corrupción denunciados y tomar los correctivos necesarios dentro de su administración, para que esos hechos no sigan sucediendo

Señaló que la afirmación del gobernador sobre su autoridad moral debe ser completa y responsablemente formulada. Aclara que la conducta que se le imputó hace 43 años, fue la de peculado culposo, que quiere decir que por su inexperiencia alguien sustrajo nueve mil pesos de un escritorio y precisa que “en eso es que yo metí los pies y no las manos”. Le dice al Gobernador, que como abogado, debe saber que es muy distinta una conducta culposa a una conducta dolosa y que nunca ha estado en el último caso. Le recuerda que esa historia ya ha sido ventilada públicamente, desde el año de 1995 me habían pedido la pérdida de la investidura de Congresista, demanda que fue rechazada por unanimidad por el Consejo de Estado

Le manifiesta al gobernador Ramos Botero, que no puede tender cortinas de humo para tapar sus problemas personales y las gravísimas denuncias que se hacen sobre un carrusel en la contratación en Antioquia, que los mismos ingenieros tienen bien soportadas y que él conoció desde el mes de agosto del año anterior

Señala que para permitir la labor de los organismos de control guardará silencio sobre este tema y anuncia que otros hechos que ha conocido sobre la contratación en Antioquia, los entregará a los investigadores sin ventilarlos en los medios de comunicación. Finalmente advierte, que no se va silenciar, ni con las intimidaciones, ni con las amenazas que desde el 26 de noviembre pasado conoce la Fiscalía General, y menos con descalificaciones recicladas