Ley de jubileo no debe beneficiar a condenados por delitos atroces

En el Senado de la República cursa el proyecto de ley de jubileo o rebaja general de penas, sin embargo para algunos expertos y juristas consultados por Caracol Radio, es una norma que debe ser analizada minuciosamente en la que se debe tener en cuenta a los condenados por delitos atroces. El ex magistrado Carlos Medellín sostuvo que dicha ley no puede beneficiar a quienes hayan cometido delitos atroces, de lesa humanidad o contra menores de edad, al considerar que se trata de personas catalogadas como un peligro para la sociedad. "Tomar ese tipo de decisiones de carácter general sin tener en cuanta las particularidades propias de cada delito no es conveniente, porque hay muchos tipos de delitos... Pero hablar de jubileo, de perdón judicial para violadores, asesinos y secuestrados, todo el mundo como en la misma canasta me parece que es inconveniente", indicó Medellín. En el mismo sentido se pronunció Rodrigo Uprimny, director de la corporación de estudios de justicia, quien además señaló que no es lógico que el gobierno piense por un lado en aumentar las penas y por el otro rebajarlas con la ley de jubileo con motivo del bicentenario. "En el proyecto de ley de seguridad ciudadana aumentar las penas y en el jubileo proponer rebajarlas... Tienen que ser estrategias pensadas y no rebajar penas simplemente porque se están conmemorando tantos años de la independencia, eso no es una política criminal seria", precisó Uprimny. Por su parte el exmagistrado José Gregorio Hernández señaló que la Corte Constitucional para el año 2000 declaró inexequible una ley similar, en la que concedía rebajas de penas con motivo del nuevo milenio y que en tal sentido existe un antecedente. "Ese antecedente constitucional es muy importante porque la decisión hizo transito a cosa juzgada constitucional, en consecuencia no se podrían reproducir las disposiciones de esa normatividad", indicó el exmagistrado. Finalmente los expertos y juristas manifestaron que el Congreso de la República debe tramitar la Ley de Jubileo a conciencia y determinar si se deben beneficiar de la misma aquellos que tengan condenas por delitos graves.