Estos son los principales puntos de la reforma a la Seguridad Ciudadana del gobierno Santos

La iniciativa prevé aumentar las penas para los menores infractores hasta 12 años, cambios a la figura de extinción de dominio y la tipificación de nuevos delitos, entre otros

El proyecto fue creado en conjunto por los ministerios de Defensa e Interior, con la revisión de Bienestar Familiar y la Policía nacional para atacar la creciente inseguridad en las ciudades que en su mayoría, según el Gobierno, es causada por las acciones de las bandas criminales al servicio del narcotráfico

El Gobierno plantea eliminar las restricciones para los allanamientos y que puedan ser las 24 horas del día. Así mismo aumentar a 60 días el plazo para formular cargos contra un delincuente y a 90 si el delito fue cometido por más de 3 personas. También se eliminan los plazos de vigencia de las órdenes de captura. En los delitos de flagrancia, se plantea que como prueba de ello se permitan los registros en cámaras de video que capturen este hecho. La policía entrará a vigilar a quienes tienen el brazalete electrónico y no solo el Inpec

En la iniciativa, los menores de edad serán castigados como adultos si se cumplen dos condiciones: que el delito sea suficientemente grave como asesinato, secuestro, robo y que el menor esté conciente de lo que hizo, lo cual será determinado por un examen psiquiátrico practicado por medicina legal

Las condenas deberán cumplirse en su totalidad, sin importar que por ello el menor cumpla más de los 21 años en el centro de reclusión

Habría tres nuevos delitos: la pertenencia a las bandas criminales, medida que también se usa en Centroamérica contra las maras

Usurpación fraudulenta de inmuebles, que controlará en parte el robo de tierras y predios en el país

En torno al porte de armas ya no solo se castigará la tenencia ilegal, sino también el que tenga las partes esenciales del arma de fuego para la fabricación de las armas artesanales o hechizas

Se aumenta de 3 a 6 meses la vigencia de la interceptación de llamadas por parte del DAS, así como los seguimientos y registros legales

Hay medidas para sancionar a las personas jurídicas que financien a los terroristas. Se ordena que todas las tiendas y comercios tengan un plan de acción contra el terrorismo

Y las empresas de telefonía celular, satelital o proveedoras de Internet deben adoptar medidas de control para evitar que los usuarios planeen acciones terroristas a través de estos medios o los usen en las cárceles.