Lagos pidió perdón y sería condenado a ocho años por las ‘chuzadas’

La juez 14 con funciones de conocimiento avaló el preacuerdo de la Fiscalía y el ex subdirector de Contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos, consistente en una pena alternativa de 8 años, por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones. La juez no tuvo en cuenta la solicitud de la parte civil del ministerio público que consideraba, se debía decretar la inhabilidad y nulidad del preacuerdo

Según la juez, lo acordado entre el ex funcionario y el organismo investigador está dentro de los parámetros establecidos por la ley y un eventual aumento de la pena, tal como lo pedía el abogado de la Procuraduría, es subsanable

La Procuraduría había pedido la nulidad del preacuerdo, porque, según Miguel Carvajal, se estaba vulnerando el principio de legalidad

Dice el procurador que la Fiscalía no tuvo en cuenta el daño real o potencial que se le hicieron a las víctimas con los seguimientos e interceptaciones ilegales

También señala que la Fiscalía aplicó indebidamente lo que se denomina la móvilidad punitiva, es decir, que partió de una pena muy baja, 132 meses, cuando debió partir de 22 meses y rebajar una tercera parte a partir de ese número de meses

Tras la intervención del fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el capitán en retiro Jorge Alberto Lagos, ex subdirector de Contraíntéligencia del DAS, se manifestó profundamente arrepentido por los seguimientos ilegales que se hicieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Aseguró que el objetivo de la investigación que hizo el DAS era desacreditar al Alto Tribunal y a los senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro, y pidió perdón a Dios, a las víctimas y a la ciudadanía en general. Piedad Córdoba objeta preacuerdo entre Lagos y Fiscalía‏El preacuerdo está siendo objetado en este momento por el representante de la senadora Piedad Córdoba, quien está centrando sus reparos en la reparación integral a las víctimas y su participación en el proceso, pero principalmente que se conozcan de manera explícita quienes dieron las órdenes para hacerle seguimientos ilegales. Al término de la intervención que hagan las partes, la juez decidirá si avala o no la negociación