Justicia

Contraloría estudia abrir proceso de responsabilidad fiscal al Mintransporte

Según el Contralor, el proceso se abriría contra el ministro por haberse negado en repetidas oportunidades a pagar una conciliación que se había pactado con una firma contratista.

Contraloría estudia abrir proceso de responsabilidad fiscal al Mintransporte

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El Contralor General de la República, Julio César Turbay, confirmó que se le podría iniciar un proceso de responsabilidad fiscal al Ministro del Transporte, Andrés Uriel Gallego, por negarse en repetidas oportunidades a pagar una conciliación que se había pactado con una firma contratista. En el proceso se incluye al director del Instituto Nacional de Vías, Invias, Enrique Martínez Arciniegas, y los directores de esa entidad desde el año 2007, con el propósito de establecer si se ha incurrido en responsabilidad fiscal, por el no pago de la conciliación

El Contralor Turbay Quintero dijo que es lamentable que los funcionarios públicos se nieguen a cumplir las sentencias de los jueces, como si estuvieran por encima de los mismos, y que luego el Estado, con el dinero de todos los colombianos, deba pagar cuantiosas sumas por intereses. “Es una práctica que no se puede generalizar en la administración, porque cada día son más los intereses que debe pagar el Estado por culpa de la negligencia de los funcionarios públicos”, anotó. El caso sobre el cual el Contralor ya había advertido al Ministerio de Transporte hace dos años, es el siguiente: Después de una demanda de 150 mil millones, se logró una conciliación entre CONIGRAVAS S.A. y otros y el INVIAS, mediante la cual se dirimieron controversias entre las partes por $74.000 millones. La conciliación fue aprobada por el Tribunal de Antioquia el 4 de diciembre de 2006 y además fue avalada en su oportunidad por la Procuraduría General de la Nación. El contralor explicó que el no pago del acuerdo implica un sobrecosto para la nación de 37 mil millones. El Contralor explicó que desde abril del 2009, la Corte Constitucional confirmó una Sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado que no tuteló el derecho al debido proceso que en una acción de tutela había alegado el INVIAS. Es decir, el tema ha sido avalado por la Procuraduría, el Tribunal de Antioquia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y el INVIAS a la fecha no ha procedido a pagar la suma adeudada.

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