Proyecto de ley de 'jubileo' beneficiaría a congresistas procesados penalmente

El proyecto de ley que rebajaría las penas a todos los presos con motivo del bicentenario de la Independencia no podría ser votado en el Congreso de la República porque gran parte de sus miembros tienen pendientes procesos penales

El representante a la Cámara Germán Navas Talero, del Polo Democrático, dijo que la propuesta contempla la rebaja de una quinta parte de la pena a todos los procesados, independiente de los delitos cometidos, incluso la que "llegare a imponerse a quienes estuvieren vinculados a proceso penal a la entrada en vigencia de la presente ley", según el artículo primero

Más de la mitad de los actuales representantes, 86, son investigados por presunto prevaricato al votar irregularmente el referendo reeleccionista. Y una buena parte de los congresistas, por lo menos 55 de los elegidos, están vinculados a procesos como la parapolítica, la farcopolítica y vínculos con ilegales, sin contar varios casos de investigados por delitos contra la administración pública

El proyecto fue promovido por la Iglesia Católica a través de la Pastoral Penitenciaria, y fue radicado por los representantes a la Cámara Eduardo León Lozano y Hernando Chagres, quienes llegaron a ocupar curul en reemplazo de congresistas investigados

Lozano, del controvertido partido PIN, de Sucre, ocupa la curul de Yesid Espinosa. Fue llamado a ocupar el cargo al parecer de manera irregular, pues el Consejo de Estado había anulado la inscripción de la lista en que figuraban Espinosa y Lozano

Chagres, por su parte, reemplaza a Fabio Arango, del Vaupés, detenido por el delito de fraude electoral, según la imputación que se le sigue en la Corte Suprema de Justicia

El artículo primero del proyecto establece que se concede "una rebaja de pena de una quinta parte de la pena privativa de la libertad impuesta o que llegare a imponerse a quienes estuvieren vinculados a proceso penal a la entrada en vigencia de la presente ley"

Según Navas Talero, no hay distinción de delitos y la eventual rebaja beneficiará a asesinos, secuestradores, violadores de menores y autores de crímenes atroces o de lesa humanidad

En el caso de los paramilitares procesados bajo la ley de Justicia y Paz, cuya máxima condena es de ocho años de prisión, la rebaja de penas les significaría una rebaja de unos 20 meses de prisión