Por irregularidades en los anticipos de obras será investigado el Grupo Nule

La Contraloría Distrital anunció que dará apertura a un proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en el manejo de los anticipos de los proyectos de la Fase Tres de Transmilenio y el Distrito Sur. Dicho proceso de responsabilidad será contra el IDU, las empresas contratistas y la interventoría que hicieron parte de los proyectos que no han terminado sus obras en la capital del país. El contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, dijo que dicho proceso se iniciará porque no se han legalizado la totalidad de los recursos entregados para la ejecución de ambos proyectos. "Sobre la base de no legalizar y no tener clara la destinación por un lado de 31 mil 518 millones que corresponde a Transvial y por el otro lado de 4.222 millones de pesos que corresponde al Distrito Sur y que fueron entregados en anticipo", precisó el funcionario. Agregó que se tienen pruebas suficientes que demuestran las presuntas irregularidades y que el proceso fiscal lo adelantará la Contraloría, mientras que los procesos penal y disciplinario estará a cargo de la Fiscalía y la Procuraduría. Moralesrussi señaló que en el año 2007 se inició el contrato 137 con la Unión Temporal Transvial, que subcontrató a las empresas Tecnociviles con un anticipo de ocho mil millones de pesos; MNV con 18 mil millones de pesos, que adicionalmente tiene ocho embargos y Gas Capital con 3.600 millones de pesos, las dos últimas pertenecientes al Grupo Nule. Así mismo, señaló que en el año 2008 se inició el contrato 072 con el Distrito Sur, encargado del mantenimiento de la malla vial, que a su vez subcontrató con Gas capital con un anticipo de 600 millones de pesos; Tecnociviles con 1.100 millones de pesos y Geoconstrucciones con 2.100 millones de pesos. De otra parte dijo que la empresa Bitacora, perteneciente al grupo Nule, tiene participación en ambos proyectos, en la fase tres de Transmilenio con el 35 por ciento y en el Distrito Sur con un 50 por ciento. Finalmente señaló que hay documentos y pruebas suficientes para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal en contra de estas empresas contratistas y las entidades distritales involucradas en los contratos.