Emergencia Social incrementara gastos de los colombianos, advierte estudio de la Universidad Nacional

La emergencia social decretada por el gobierno terminará por aumentar los gastos de los colombianos para acceder a los servicios de salud, aseguró Óscar Rodríguez, investigador en protección social del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia

Según Rodríguez, mientras que el gobierno busca proteger los recursos del Fosyga para financiar su déficit fiscal y su proyecto económico, el efecto para los ciudadanos de “a pie” dependerá del monto de los incrementos de los copagos y de las cuotas moderadoras, que además les permitirá a las EPS canalizar más recursos

Los recursos del Fosyga pagan todo aquello que no está cubierto en el Plan Obligatorio de Salud (POS), constituyen la cuenta más importante que tiene el gobierno en el sistema financiero y buena parte de dichos recursos (cerca del 50 por ciento) está destinada a financiar el déficit fiscal, a través de títulos de tesorería (TES). Así, los recursos del Fosyga funcionan como la caja menor del Gobierno, agrega Rodríguez, quien dirige el grupo de investigación en Protección Social del CID

Además de los aumentos en los costos para los usuarios de los servicios de salud, con las medidas de emergencia el Gobierno busca conseguir más recursos, para financiar los eventos que no están contemplados en el POS, a través de incrementos en los impuestos al consumo de tabaco y licores

Con la declaratoria de emergencia, el Gobierno dice que hay que abrir una cuenta para financiar los eventos no POS y eso lo obliga a buscar recursos, cuando el problema fue originado en las reformas que el mismo adelantó

Incluso, ante la opinión pública, asegura que las dificultades se deben a las tutelas interpuestas por 388.000 personas del régimen contributivo que terminan costándole al Estado cerca de 1,8 billones de pesos

La Corte Constitucional en su Sentencia 760 de diciembre de 2008, le dijo al Gobierno que los ciudadanos no pueden tener planes de diferentes categorías, es decir, que debe igualar el régimen contributivo y el subsidiado

A juicio de Rodríguez, cuando se igualen los paquetes, los eventos no POS deberán disminuir porque habrá mayor cobertura y sólo quedarían aquellos no incluidos que resulten de fallos de tutela

Tras la decisión de la Corte, no se crea una nueva emergencia de financiamiento sino que se pone en su única dimensión real y posible, que consiste en otorgarles a todos los colombianos un plan de salud en las mismas condiciones

Sin embargo, es necesario recodar que el problema es estructural y que fue, precisamente, la reforma a las transferencias la que disminuyó los recursos para la salud y para educación. La Ley 715 de 2002 y la reforma del 2007 disminuyeron los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) que debían recibir los hospitales y los municipios, los cuales se hacen cargo de la salud subsidiada

Según estimaciones realizadas por el Grupo de Protección Social del CID, por cuenta de la Ley 715 los departamentos y municipios dejarían de recibir cerca de 12 billones de pesos para la salud, entre 2002 y 2010; mientras que con la reforma de 2007 el efecto alcanzaría los 54 billones pesos entre el 2007 y 2025

Es decir que lo que el país se ‘ahorro’ en transferencias lo gastó a través de programas como familias en acción, puntualizó el investigador del CID