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Demolerán construcciones del archipiélago de San Andrés ubicadas en Bajamar

Por orden del Consejo de Estado, en el término de tres meses se procederá a demoler todo tipo de edificaciones y construcciones que estén ubicadas en zona de Bajamar.

El Consejo de Estado le ordenó al departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que en el término de tres meses proceda a demoler todo tipo de edificaciones y construcciones que estén ubicadas en zona de bajamar. Se confirma un desacato promovido contra la corporación ambiental Coralina y la Dirección general marítima Dimar

El incidente de desacato se presento luego que el departamento no atendiera las órdenes impartidas por el tribunal Administrativo de San Andrés para que tomara los correctivos necesarios en el sentido de utilizar las facultades policivas que la ley le otorga, para remover todo tipo de edificaciones y construcciones en zonas de bajamar

El Consejo de Estado encontró una actitud de desinterés y negligencia por parte del departamento para cumplir las órdenes que en el fallo del tribunal se le dieron

El departamento dispone de tres años para la reforestación de las áreas de playas de Sound Bay y San Luís, conforme a las recomendaciones técnicas que sobre el particular indique Coralina

También se ordena proteger los sitios erosionados de las playas mediante mecanismos o sistemas que permitan la disminución progresiva de la energía del golpeo de las olas y faciliten el acceso al mar declarando tales sitios como zona de alto riesgo

Dentro del mismo término deberán quitarse los espolones de los pescadores y el de Jennos Pizza y reconstruir técnicamente el espolón del Calypso en la avenida Colombia

Así mismo, la gobernación deberá reubicar los embarcaderos de Jet – sky y lanchas, en áreas diferentes a las playas y velará porque no reciban contaminación de ninguna clase

El incidente de desacato lo interpuso Sara Esther Pechtalt de Sabbah, en su condición de Procuradora Judicial Ambiental de San Andrés y los ciudadanos Ramón Mosquera Lozano y Franklin Jay Julio, tendiente a que se cumplan las órdenes de protección de los derechos colectivos vulnerados, impartidas en fallo de acción popular.

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