Condenado el Estado por exceso en los operativos en la comuna 13 de Medellín.
Un Juez Administrativo condenó al Estado por los excesos de la fuerza pública en la “Operación Mariscal”, llevada a cabo durante seis días en el 2002.
Un Juez Administrativo condenó al Estado por los excesos que se dieron por parte de la fuerza pública en la “Operación Mariscal”, llevada a cabo durante seis días, el 21 de mayo de 2002 en la Comuna Trece de Medellín
La condena contra el Estado se da por la muerte de la señora Martha Janeth Correa Murillo, quien falleció en desarrollo de la operación
Ante esta situación fue condenado el Ministerio de Defensa, el Ejército y Policía a pagar la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales al señor Carlos Hernán Gaviria Agudelo, compañero de la víctima; y cien (100) salarios mínimos para cada uno de los hijos de la víctima, por concepto de perjuicios morales. De acuerdo con las pruebas, la “Operación Mariscal”, que tenía como finalidad el desmantelamiento de las milicias urbanas de las FARC, y autodefensas de la Comuna Trece, incurrió en excesos, como fue la utilización de efectivos, vehículos, tanquetas, helicópteros y armas de todos los calibres, para realizar las supuestas capturas de 34 personas por delitos menores. También se calificó como desproporcionados los “disparos de ráfagas indiscriminadas que hacían blanco en humildes viviendas del sector habitado por cerca de 34 mil personas
Esta determinación se baso en el concepto de la Procuraduría que conceptuó que con este operativo se violó el ordenamiento constitucional, así como lo contenido en los tratados internacionales sobre protección de los derechos humanos, específicamente la vida, la dignidad e integridad personal. “El Ejército Nacional hizo uso de las armas comprometiendo el derecho fundamental y por ende gozaba del estatus de personas protegidas (…) “señalo el concepto del Ministerio Público




