Los indebidos beneficios de congresistas aspirantes a la presidencia

Un informe de Caracol Radio elaborado por asesores políticos denuncia las ventajas que tienen frente a otros contendores los senadores que lanzaron sus nombres en la contienda electoral para la Presidencia de la Republica

Pocas personas han detectado de lo que hay detrás de las precandidaturas presidenciales

Así candidatos que actualmente son Senadores como Gustavo Petro, de la oposición, Marta Lucia Ramírez, antes de la U, Cecilia López y Héctor Heli Rojas del liberalismo , no renunciaron a su condición de congresistas por las ventajas que les concede la ley.

Ni la Constitución ni la ley les exigen renunciar. Pero lo que hacen es políticamente incorrecto por varias razones: 1ª. Si el aspirante presidencial quiere gozar de credibilidad y dar confianza a sus posibles electores, debe emplearse a fondo en la campaña, recorrer el país, hacer proselitismo de tiempo completo. Si así ocurre, ¿a qué horas y cómo cumplirá sus funciones de congresista? Si tiene la doble condición de Senador y candidato no podrá atender debidamente las dos responsabilidades

2ª. El congresista es servidor público (art. 123 de la Constitución). Como tal tiene deberes y obligaciones que no necesariamente coinciden con los intereses y preocupaciones de quien es candidato a la Presidencia. 3ª. El congresista goza de gabelas y privilegios que lo colocan en situación de superioridad frente a los aspirantes que no sean representantes o senadores

4ª. Los gastos que hayan hecho los precandidatos se le reembolsan con dineros públicos a razón de $ 2.000 por voto (aprox.). El Estado le da, entonces, a los congresistas ventajas excepcionales para que hagan campaña y, adicionalmente, les “encima” una platica: $ 2.000 por cada voto que consigan. Si un pre-candidato obtiene 50.000 votos le dan $ 100 millones. Si obtiene 100.000, $ 200 millones

5ª. Si un congresista se declara candidato presidencial y no renuncia a la curul es, entonces, porque quiere gozar de ventajas y privilegios que no tienen sus contendores. Puede decirse también que no renuncia porque él mismo no se concede posibilidades de ganar y, por eso, no se desprende de la curul. Si las tuviera, renunciaría porque aspira a ser el candidato oficial de su partido. 6.a. Dispone de un sueldo mensual de $ 22 millones, prácticamente exento del pago de impuestos

7ª. Nombra y remueve libremente los empleados de su unidad legislativa que devengan entre todos 50 salarios mínimos mensuales ($ 25 millones aprox.). Esos empleados, que remunera el Estado, estarán al servicio del candidato, no del congresista. Serán su “staff” de campaña

8ª- Oficinas bien dotadas (mail, teléfono, fax, celular, franquicia postal). Esas oficinas serán sede de campaña

9ª. Camioneta (último modelo, blindada y escoltas de la policía y del das)

10ª. Fuero judicial. Si por desgracia un congresista es investigado y procesado penalmente, su juez es el más alto tribunal del país (la Corte Suprema). No ocurre lo mismo con otros ciudadanos. 11ª.Durante la campaña pueden decir todo lo que quieran, por ejemplo, calumniar e injuriar, pero como son inviolables, no responden ante nadie por lo que afirman. Los demás candidatos, deben hacerlo ante juzgados y tribunales

12ª. Si el Gobierno se refiere a ellos en términos desobligantes o les atribuye declaraciones que no han hecho o situaciones que no son ciertas, tienen tribuna propia (el Congreso) para contestar y defenderse. No tienen que acudir al trámite del derecho de réplica que toma meses y se concede cuando ya la campaña ha concluido. El candidato no congresista tiene que pedir derecho de réplica

Por todo lo anterior es fácil concluir que las candidaturas presidenciales de los congresistas que no renuncian a su condición de parlamentarios no son serias. Sólo buscan pantalla, presencia en los medios, “cotizarse” para otras posiciones, por ejemplo una alcaldía o una gobernación, o hacer la campaña para su nueva aspiración al Congreso. Nada de raro que haya quienes se inscriban como precandidatos pensando únicamente en los $ 2.000 que les reintegran por voto. Tampoco son serios los partidos que promuevan y patrocinan ese tipo de precandidatos. Sólo lo hacen para sumar votos a su consulta popular y decir que son partidos de masas.