Ultimátum a la administración de Bogotá para poner en marcha el Sistema Integrado de Transporte Público

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio un plazo de cuatro meses a la administración de Bogotá, para que adopte las medidas necesarias con el fin de poner en funcionamiento el Sistema Integrado de Transporte Público

La decisión fue tomada luego de fallar una acción de cumplimiento interpuesta por Eduardo Tovar, quien consideró que no se habían respetado los plazos previstos para “iniciar el funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte y la integración operacional”

Un decreto firmado en agosto del 2006, con el que se definió el Plan Maestro de Movilidad, fijó un plazo de 12 meses para “el funcionamiento y la entrada en operación del Sistema de Integración de Transporte Público”

Según el decreto, deben integrarse el transporte masivo, representado por Transmilenio, el transporte público colectivo y el transporte público individual, además de redes de intercambiadores, de estacionamientos y de peajes

El eje del Sistema Integrado de Transporte Público busca unificar de manera operacional, tarifaria e institucional, logrando una unidad física para los usuarios del transporte, que garantice “el acceso al servicio en condiciones de óptima calidad, economía y eficiencia”

De acuerdo con la norma, la empresa Transmilenio S. A., “como ente gestor del transporte masivo, tiene la responsabilidad de la integración, evaluación y seguimiento de la operación del Sistema”. “La administración distrital garantizará la integración del transporte colectivo mediante procesos licitatorios de selección de operadores en los cuales se establezcan condiciones objetivas que garanticen la democratización accionaria, la participación de propietarios de vehículos de servicio público en las empresas operadoras del sistema y la sostenibilidad de la composición accionaria de estas empresas”, explica el decreto