Empresas que hicieron negocios con pirámides no podrían ser intervenidas

El procurador Alejandro Ordóñez conceptúo que no se pueden intervenir a las personas naturales o jurídicas que indirectamente tengan relación con las llamadas pirámides, según conoció Caracol Radio

Así lo sostuvo el ministerio público en un concepto emitido ante la Corte Constitucional, al analizar el decreto de la emergencia social que le concedió facultades a la superintendencia de sociedades para intervenir y tomar posesión de bienes y negocios cuyas actividades financieras no estén autorizadas

Dice el procurador que, al incluir dentro de los sujetos del proceso de intervención a las personas vinculadas "indirectamente" con quienes están ejecutando dichos negocios, "el Legislador extraordinario está configurando una intromisión indebida en el goce y ejercicio del derecho fundamental a la libertad de empresa de las personas que perciben utilidades del ejercicio legítimo de actividades económicas lícitas, como una expresión de arbitrariedad, ajena al Estado de derecho". Así mismo se señala que si la finalidad perseguida con la aplicación de la norma bajo análisis, es la suspensión inmediata de las operaciones de recaudo ilegal de dinero y la devolución inmediata de los recursos entregados en aquéllas, no es justificado que el Ejecutivo persiga e investigue a quienes ninguna relación directa tienen con tales actividades ilícitas, los cuales no son más que otras víctimas del engaño de las personas que se han lucrado captando dineros del público sin la correspondiente autorización legal

En este pronunciamiento ante la Corte Constitucional, el Procurador Alejandro Ordóñez, señaló además que la ley como tal, esta ajustada a derecho, pero dijo que no se puede aceptar que las determinaciones tomadas por la superintendencia sean cosa juzgada, ya que esto implica aumentar desproporcionada e injustificadamente el riesgo de abusos de poder

"Precisamente, la idea constitucional de la división de poderes se relaciona con establecer determinados filtros que posibiliten un amplio debate respecto al contenido de una norma, el cual debe producirse en el seno del órgano Legislativo" señala el procurador

Este concepto del procurador, que no es de obligatorio cumplimiento, ya esta en manos de la Corte Constitucional para que estudie si acoge o no su análisis frente a este caso