Corte levanta la restricción para que el gobierno haga inversión pública en asentamientos o invasiones

La Corte Constitucional declaró contraria a la ley una norma del plan de Desarrollo que prohibía al Estado invertir recursos públicos en invasiones, lotes y edificaciones ilegales. El alto tribunal señala que tampoco se pueden prohibir los servicios públicos en este tipo de zonas. En la sentencia se señala que la prohibición establecida en el plan de desarrollo es demasiado amplia, como quiera que impide cualquier inversión de recursos públicos o prestar servicios públicos en asentamientos o invasiones ilegales o el suministro de cualquier servicio público en edificaciones sobre dichos terrenos

La Corte señala que esta norma impide la construcción de obras encaminadas a proteger la vida de las personas, frente a riesgos de derrumbe o de inundación, frecuentes en este tipo de asentamientos. El alto tribunal determinó que “el Estado ha de propender por un crecimiento urbano sostenible y planificado, pero ello no debe hacerse a expensas de excluir del acceso de agua y otros servicios públicos, máxime si los afectados son individuos bajo una situación de especial vulnerabilidad".