El 'borrón y cuenta nueva' para morosos está cerca pero deben pagar $6 billones

Un poco más de seis billones de pesos deben cancelar los morosos de la banca para beneficiarse de la llamada "amnistía" o "borrón y cuenta nueva" que contempla la futura Ley de la República del Habeas Data. Con la expedición y notificación de la sentencia sobre su exequibilidad, la Corte Constitucional despejó el camino para que el proyecto sea sancionado por el presidente Alvaro Uribe y se proceda inmediatamente a su reglamentación que prácticamente está lista en el Ministerio de Hacienda. Una vez se cumpla con ese procedimiento, cerca de tres millones de colombianos que se encuentran reportados en las bases de datos de la CIFIN y Datacrédito como malos clientes, tendrán la oportunidad de restablecer su buen nombre y el derecho a acceder nuevamente a préstamos de los establecimientos de crédito. Los seis billones de pesos es la suma que aparece en los balances de los establecimientos de crédito como cartera vencida y lo que en consecuencia, hace que sus deudores, incuyendo los fiadores, figuren en las bases de datos de las centrales de información financiera. Buena parte de los préstamos en mora, un poco más de dos billones 900 mil millones, corresponden a créditos de consumo y casi 400 mil millones de pesos, a préstamos de vivienda. Seis meses tendrán los morosos, a partir de la sanción de la Ley, para acogerse al beneficio. Para ello deben suscribir acuerdos de pago o cancelar la deuda. La persona que a la vigencia de la Ley haya pagado pero aún figure en las listas negras, tendrá que ser borrada de las mismas. Ningún colombiano podrá ser incluido en las bases de datos de los morosos, si previamente no ha sido notificado. Tampoco podrá ser reportada una persona que se encuentre en mora en el pago de servicios públicos domiciliarios. Los colombianos que después de los seis meses queden o incurran en mora con el sector financiero o el comercio, permanecerán en las listas negras por un término de cuatro años. Los bancos no podrán negar créditos a los usuarios que hubiesen estado reportados como morosos. Las entidades bancarias o las centrales de riesgo que incumplan con lo ordenado en la nueva disposición legal, serán duramente sancionadas con multas que podrían ir hasta los 800 millones de pesos en cada caso. Las superintendencias Financiera y de Industria y Comercio serán las encargadas de auditar el cumplimiento de la futura nueva Ley de la República.