En Cali denuncian desaparición de niños entre 10 y 16 años

A un accionar sistemático de una banda criminal que se moviliza en camionetas con vidrios polarizados, fue atribuido por el Gobierno caleño la desaparición desde mayo hasta la fecha, de siete niños y jóvenes entre los 10 y 16 años, ocurridas en barrios marginales de la Capital del Valle. Ante esta situación, calificada por el Alcalde de la ciudad Jorge Iván Ospina, como preocupante, designó al Defensor del Tesoro Público, Jaime Sierra Delgadillo, como la persona encargada de recepcionar, hacer seguimiento y realizar las diligencias pertinentes ante las entidades correspondientes, frente a los casos de desapariciones que se han venido suscitando en la ciudad. Los menores desaparecidos son Daniela Millan de 10 años, Diana Carolina Barona de 13 años, Katerine Garcia Mosquera de 11 años, Jhon Esteban Amaya de 14 años desaparecido en el Barrio Potrero Grande y Francisco Javier Sosa de 16 años Paola Andrea Medina de 16 años y Karen Verónica Zúñiga de 16 años desaparecidos en el Barrio Siloé. Según la Administración Municipal, dado el modus operandi, se podría pensar que los hechos se han registrado a plena luz del día mientras los menores hacen mandados o a la salida de los centros educativos. Antioquia reporta múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales El gobierno de Antioquia y organizaciones sociales ratificaron que en este departamento se conocen decenas de denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Estiman en más de 300 los casos desde el año 2002, las subregiones más afectadas son oriente, Magdalena medio y Nordeste… Esas investigaciones pudieron ser la causa de la salida del General Luis Roberto Pico Hernández, comandante de la Séptima división del Ejército, que cubre los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. El gobierno de Antioquia reveló que en los últimos meses se han conocidos unas 30 denuncias de ejecuciones extrajudicialesSin embargo, la Fiscalía General de la Nación adelanta 780 investigaciones por homicidios en persona protegida, de las cuales 154 corresponden a hechos cometidos en Antioquia

Con información de diversas entidades y de familiares de las víctimas, la Corporación Semillas de libertad, ha documentado unos 300 casos de ejecuciones extrajudiciales desde el año 2002. En el oriente de Antioquia, desde al año2002 a la fecha se han reportado 125 casos de ejecuciones extrajudiciales, que constituyen el 40 por ciento de todos los falsos positivos presentados por el ejercito como guerrilleros abatidos en combates. “Las ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Antioquia son un fenómeno que data de hace varios años atrás, pero se han incrementado a partir del año 2002 cuando entró en vigencia la política de seguridad democrática”, declaró la abogada Liliana Uribe, directora de la Corporación Semillas de Libertad. Consideró que “la política de seguridad democrática” ha llevado a que un número elevado de militares, en el afán de mostrar resultados positivos en la lucha contra la insurgencia asesinen a campesinos y habitantes de barrios marginados, que son presentados como guerrilleros muertos en combates o como miembros de bandas emergentes. En los casos denunciados, los familiares de las víctimas revelaron ante los organismos de derechos humanos que las personas fueron sacadas de sus casas o sitios de trabajo, torturadas, desparecidas y luego reportadas por el ejército como personas abatidas en combates. Según la Corporación, organismos defensores de derechos humanos reportan que ahora últimamente se ha conocido la desaparición Medellín de indigentes, personas trabajadoras de la minorista, jóvenes desempleados que han sido llevados al oriente del departamento o a municipios del bajo cauca con la ilusión de darles empleo, y han aparecidos muertos en combate. La personería Municipal de Medellín tiene reporte de 87 denuncias de desapariciones forzadas en los últimos meses, algunos de los cuales han aparecidos muertos en los municipios de Campamento y Yarumal, como guerrilleros o delincuentes dados de baja en combate. La mayoría de estos falsos positivos permanecen en la impunidad, bien por que los familiares por temor no se atreven a denunciarlos o por que las investigaciones son asumidas por la jurisdicción penal militar, puntualizó la abogada Liliana Uribe.