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Niegan una indemnización al sobrino de Pablo Escobar

Un hijo de Roberto Escobar reclama que le entreguen mil millones de pesos o un motel de Manizales.

El Tribunal Superior de Manizales, en un fallo de segunda instancia, negó las pretensiones de familiares del narcotraficante Pablo Escobar sobre una millonaria indemnización laboral por la administración del motel Arizona en Manizales, ahora administrado por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Los magistrados de la corporación jurídica consideraron que no son validos los argumentos de los abogados de Nicolás Escobar Urquijo sobrino del capo e hijo de su hermano Roberto Escobar propietario del motel, el primero construido en la zona del Eje Cafetero, en 1.978 y el que se le aplicó la figura de extinción de dominio por lavado de activos hace tres años

Nicolás Escobar reclamo en la demanda laboral el pago de los salarios dejados de percibir y una indemnización por su desvinculación del cargo de gerente que ocupaba desde 1.991 , con un sueldo de 4.500.000 hasta el año 2.001 cuando fue tomado el bien por el Estado y apartado del cargo de gerente. La demanda fue instaurada en un juzgado laboral e incluye además a otros 11 trabajadores del motel, que por separado solicitaban aumentos salariales, horas extras y otros pagos dejados de hacer en la nueva administración y por los depositarios, que justifican el retraso por problemas económicos y deudas en impuestos y otras. Las pretensiones laborales alcanzan los 1.000 millones de pesos Los despachos laborales negaron en primera instancia la totalidad de las demandas, y la sala laboral del Tribunal ha ratificado esos fallos. El demandante Nicolás Escobar cuestionó la sentencia del alto Tribunal y anunció que se ira a una casación la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia y que si es del caso acudirá a los organismos derechos laborales internacionales. Insistió en que el Estado ante la negativa de la justicia en reconocer los derechos de los trabajadores debe entregarles el sitio para su explotación económica. Para negar las pretensiones de los demandantes la justicia aduce que no es responsabilidad de la Dirección Nacional de Estupefacientes pagar dichos recursos por no existir sustitución patronal.

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