La OEA la pedirá a Europa recapacitar sobre la directiva contra los inmigrantes ilegales

La OEA acordó enviar una misión de alto nivel para manifestar su preocupación por la directiva de retorno aprobada la semana pasada por la Eurocámara, que afectará 8 millones de inmigrantes, la gran mayoría procedente de América Latina. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, encabezará esta delegación para obtener información y "buscar soluciones prácticas, a través del diálogo, a las inquietudes expresadas" por los países miembros de la institución. Así lo acordó el Consejo Permanente de la OEA, en una sesión extraordinaria convocada a propuesta de Perú, que congregó a los cancilleres de Colombia, Fernando Araujo, y Perú, Jose Antonio García Belaúnde. También a los vicecancilleres de Paraguay, Antonio Rivas, y de México, Lourdes Aranda, así como a un grupo de observadores de la Unión Europea. En su intervención, Belaúnde mostró su preocupación por la situación de los inmigrantes y sus familias tras la aprobación de esta norma y consideró "una contradicción" que en un mundo globalizado "se restrinja la emisión de visas, cuando la solución sería abrir las puertas a una inmigración ordenada". Además, expresó su inquietud por las "nuevas barreras" a la inmigración en Europa, en especial algunos puntos de la directiva, tales como la detención de inmigrantes irregulares sólo con una orden administrativa y por periodo de hasta 18 meses en centros penitenciarios corrientes. El ministro peruano aseguró que la OEA puede contribuir "de manera práctica a alcanzar soluciones permanentes y creativas en el tema de gestión internacional de la migración, que tengan en cuenta las perspectivas de todos los actores parte". Por eso, propuso que Insulza "se reúna con sus contrapartes en la UE para buscar vías de solución práctica que refuercen la solidaridad, el diálogo y se corrijan algunas de las disposiciones", antes de que la normativa entre en vigor en 2010. Belaúnde apostó por una acción conjunta entre ambos continentes para intensificar la cooperación, para prevenir y combatir el tráfico de inmigrantes, con la promoción de programas de retorno voluntario y facilitando el intercambio de información. La propuesta presentada por Perú obtuvo el apoyo de todas las delegaciones presentes. Por su parte, el canciller colombiano destacó la necesidad de que todos los países a los que afectará esta normativa puedan "entender el alcance y las perspectivas en las que se van a aplicar". Aplaudió la decisión española de no modificar su política migratoria que hasta ahora han "considerado acertada", algo que secundaron el resto de los representantes en sus intervenciones. "Tenemos interés en que los temas de ilegalidad, sobre todo nosotros que tenemos un fuerte problema con el narcotráfico, pero que se trate con respeto a las personas", dijo. Por su parte, el vicecanciller paraguayo señaló que el problema de la inmigración debe ser tratado "como un punto principal en la agenda y no como un aspecto secundario". Mostró su "profunda decepción por la medida adoptada por la UE", que "no se corresponde con el espíritu de derecho humanitario, ni con el derecho internacional, y criminaliza la condición del inmigrante irregular". La experiencia demuestra que "las políticas de restricción de la inmigración no han funcionado anteriormente y sólo han provocado un clima propicio para prácticas xenófobas y trata de personas", apuntó Rivas. Por ello, invitó a las autoridades europeas a dialogar para revisar la normativa de retorno "antes de que sus efectos entren en vigor y puedan subsanarse sus deficiencias". La vicecanciller mexicana también lamentó la aprobación de la directiva, al considerar que "nadie puede resolver unilateralmente el problema migratorio". "Hoy más que nunca existe la necesidad de impulsar el diálogo entre naciones", afirmó Aranda, quien pidió que la inmigración se reconozca como un factor de desarrollo y que no se perciba al inmigrante ilegal como un delincuente. Además, demandó que se tenga en cuenta los derechos humanos, "con especial relevancia hacia mujeres y niños". La misión del bloque europeo recogió el testigo de la propuesta de la OEA y manifestó su voluntad de diálogo con los representantes latinoamericanos. El delegado de la UE aseguró que los inmigrantes son bien recibidos en Europa y resaltó que esta normativa "no criminaliza a los inmigrantes; solo es una forma de poner un marco legislativo a la inmigración irregular". El Parlamento Europeo aprobó el pasado 18 de junio esta directiva, que -entre otras medidas- prevé que los irregulares puedan ser retenidos hasta un máximo de 18 meses antes de su expulsión y establece para los expulsados una prohibición de retorno a la UE de hasta cinco años. En cuanto a los menores no acompañados, acepta la posibilidad de que puedan ser devueltos a tutores que no sean familiares directos o a instituciones adecuadas de su país.