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Destituyen a dos oficiales por irregularidades en el pago de informantes

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a dos oficiales de la Policía Nacional en el Tolima por aprobar el pago de recompensas a informantes que no existían.

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a dos oficiales de la Policía Nacional en el Tolima por aprobar el pago de recompensas a informantes que en algunas oportunidades no existían y por mentir en documentos públicos. La decisión cobija al ex jefe de la Sijín del departamento de Policía del Tolima, Capitán George Edison Quintero Medina y al jefe seccional de inteligencia de la misma institución capitán Germán Alberto Quintero Sánchez. Según la Procuraduría, la determinación fue adoptada en fallo de primera instancia contra los altos oficiales, quienes hoy ostentan el grado de mayores de la Policía Nacional, en desarrollo de una investigación disciplinaria por incurrir en irregularidades en el pago a informantes con recursos públicos destinados al rubro de gastos reservados durante la vigencia del 2003. En el caso del Capitán Quintero, la Procuraduría ordenó su destitución e inhabilidad por el término de dos años, al incurrir en un concurso material de faltas al infringir de manera reiterada una misma disposición del ordenamiento de pagos a informantes en casos en donde no existían. El Ministerio Público indicó que se pudo constatar que en varios casos no existió informante por la forma como se desarrollaron los hechos, la cual no admitía materialmente su presencia y porque no se obtuvo ningún testimonio o informe de funcionarios que así lo ratificara. Así mismo la Procuraduría informó que pudo establecer que 10 comprobantes de pagos, que supuestamente eran para informantes, correspondían a actividades propias de los uniformados, quienes los reportaron como resultado de labores de registro y control. En cuanto al capitán Sánchez, quien se desempeñó como jefe seccional de inteligencia del departamento de Policía del Tolima entre el 10 de mayo y el 6 de diciembre del 2004, la Procuraduría afirmó que el oficial ordenó cuatro órdenes de pago en las que no hubo informante, incumplió sus deberes constitucionales y legales al mentir en informes oficiales incurriendo con ello en una falta disciplinaria considerada como gravísima y a título de dolo.

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