El gobierno dice que es improcedente tutela que frenó la extradición de "Macaco"

El gobierno presentó su alegato en torno a la tutela que provisionalmente suspendió la extradición del paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco", y adujo que no hay pruebas de que el demandante sea víctima del desmovilizado. El ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, presentó personalmente ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca un extenso alegato escrito, indicando que el tutelante carece de personería para hacerlo, que uno de sus argumentos es aparentemente falso, que hay un recurso de reposición de por medio y que no se puede controvertir una facultad presidencial. Holguín señaló que en la tutela instaurada el Movimiento Nacional de Víctimas no presentó el certificado de representación jurídica, lo que demuestra ilegitimidad de personería y formalmente hace improcedente la acción de amparo, lo mismo que las inconsistencias de una de las víctimas Sobre este punto afirmó que una persona que se presenta como víctima porque tiene un hijo presuntamente asesinado por Macaco, hecho que no está demostrado, según Holguín, pero que entrega un acta de nacimiento de una persona con un nombre distinto al que alega en el memorial, lo que también hace improcedente la tutela. Agregó que en los aspectos de fondo, el gobierno alega que la extradición es una facultad propia y discrecional del Presidente de la República, que no tiene requisito distinto al concepto de la Corte Suprema de Justicia, que avaló dicho procedimiento. En su alegato expresó que la tutela es procedente cuando no hay otros recursos e instancias para interponer y que precisamente este lunes vence el término para que "Macaco" entregue nuevas pruebas dentro de una reposición solicitada a través de sus abogados. Holguín no respondió a los periodistas cuando se le preguntó si una cosa es la reposición pedida por el afectado, en este caso "Macaco", y otra instancia diferente es la de las víctimas. El ministro aseguró que si el Consejo de la Judicatura no acepta su alegato, impugnará la decisión a través de todas las acciones jurídicas necesarias, incluso hasta llegar a la Corte Constitucional, que en el tema sería la última instancia.