La Contraloría 'destapa' nuevo escándalo por manejo de regalías

Lo que podría considerarse el mayor escándalo del país por el manejo irregular de recursos públicos relacionado con el dinero de las transferencias y las regalías con destino a departamentos y municipios, denunció la Contraloría General de la República.
Más de 276 mil millones de pesos fueron a parar a manos de los particulares, según ventiló el contralor Julio César Turbay al dar cuenta de los resultados de una investigación adelantada por el organismo a su cargo, sobre el uso que se le viene dando a ese tipo de recursos.
De los dineros "embolatados" 174 mil millones pertenecen al departamento del Meta; 38 mil millones al municipio de Villavicencio y 63 mil millones al departamento de Casanare. Esos dineros, según la investigación, fueron a parar a empresas privadas a través de unos contratos de fiducia suscritos con Fiduagraria ($128 mil millones); Fiduvalle ($52 mil millones) y Fidupetrol ($12 mil millones).
Esos recursos beneficiaron entre otras, a las siguientes empresas: Intermedios Bienes y Capital, Cosacol, Coocafé, Concesión Bogotá-Fusa, Carbones Likuren, Proyectar, Terminales y Petróleo, Carbonero, Redes de Cúcuta, Chacón Bernal, Green Mountain, Aseo Buenaventura, Ensacar, Viaducto del Muña, Coltejer y Servicio y Medio Ambiente.
Para la Contraloría, la recuperación de esos dineros que en buena parte deben ser destinados a financiar programas de salud y educación, es de altísimo riesgo. De hecho, ya se perdieron 16 mil millones de pesos.
Para el contralor Julio César Turbay, se hizo fraude a la ley con la administración de esos dineros por lo que esas acciones también serán investigadas tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría.
El contralor dice que esa situación irregular puede ser mayor o más escandalosa, en la medida en que se profundicen las investigaciones. La Contraloría exigió de todos los gobernadores y alcaldes, de la Superfinanciera y de la Fiduciaria, una relación pormenorizada del manejo que se le están dando a los dineros de las transferencias y las regalías.
Turbay Quintero advirtió que por esos hechos, muy posiblemente se abrirían juicios de responsabilidad fiscal tanto contra los funcionarios comprometidos como contra los particulares.