Procuraduría insiste en programa de protección a víctimas y testigos de procesos contra autodefensas

En un concepto la Procuraduría pidió a la Corte Constitucional examinar, los derechos fundamentales de las mujeres y las familias víctimas del conflicto armado y la necesidad de implementar un programa de protección de víctimas y testigos de la Ley de Justicia y Paz. El Procurador, Edgardo Maya Villazón, señaló que es necesario que la Corte revise la tutela negada en primera instancia a Patricia Buriticá Céspedes, Comisionada de la Comisión Nacional de Reparación, y Reconciliación y más de 600 familias víctimas de la violencia, contra el Ministerio del Interior y de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. A juicio del Jefe del Ministerio Público la Corte Constitucional debe pronunciarse en un fallo por constituirse en uno de los asuntos de mayor trascendencia en el país: la protección de las víctimas y de los testigos en los procesos que se adelantan en el curso de la Ley de Justicia y Paz y en el esclarecimiento de los hechos que se investigan. Las tutelantes presentan como hechos para fundamentar su petición el asesinato de cuatro mujeres que han acompañado a las víctimas en el curso de los procesos, y las graves amenazas que pesan sobre las demás líderes. Según ellas, su condición de núcleo de sus familias al tener bajo su responsabilidad el cuidado de sus hijos menores de edad, debido a las situaciones del conflicto armado, las hace merecedoras de un programa de protección. Para el Procurador, la petición de un programa de protección de víctimas "es una responsabilidad colectiva que evitaría la degradación y revictimización sucesiva de sus derechos".