Sancionados dos ex alcaldes implicados en la muerte de la juez de Becerril.

La Procuraduría General confirmó la sanción contra el ex alcalde de Becerril, Cesar, Jhonny Amaya Amaya, y el ex alcalde del municipio de Codazzi, de ese mismo departamento, Tomás Ovalle López, de destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos por 20 años, por su participación en el homicidio de la jueza del municipio de Becerril, Marilis de Jesús Hinojosa Suárez.

Según la Procuraduría estos ex funcionarios colaboraron con las actividades de grupos armados ilegales en esa región del país, hasta el punto de mantener contactos con los jefes paramilitares "Tolemaida", "Javier" y Luis Fernando Machado, conocido cómo "Chipi", autores materiales del crimen.

La investigación evidenció que el ex alcalde Amaya, concertó con miembros de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá "Frente Mártires de Upar", la ejecución del homicidio de la jueza Hinojosa Suárez, ocurrido el 27 de enero de 2003, en la vía que conduce de Codazzi a Becerril.

El asesinato lo cometieron varios hombres que se movilizaban en una camioneta burbuja color verde que la interceptó, y después de una corta persecución, fue alcanzada y acribillada.

La servidora judicial asesinada se desempeñaba como Juez Promiscuo y, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el móvil de su asesinato fue político. Al parecer, los autores del crimen pretendieron de esa forma obligar a un sobrino de la víctima a renunciar a sus aspiraciones a la Alcaldía de Becerril. Esa candidatura obstaculizaba los planes del grupo paramilitar de conseguir ese cargo con un aspirante propio para lograr el control del municipio.