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La Procuraduría solicitó embargo de activos de nueve empresas de transporte público de Bogotá

La Procuraduría emitió un concepto en el que le pide a la Fiscalía embargar las cuentas y la totalidad de los activos de nueve empresas de transporte público de Bogotá, cuyos gerentes fueron acusados por la Fiscalía del delito de abuso de confianza por incumplir la entrega de los recursos con destino a la chatarrización.

La Procuraduría emitió un concepto en el que le pide a la Fiscalía embargar las cuentas y la totalidad de los activos de nueve empresas de transporte público de Bogotá, cuyos gerentes fueron acusados por la Fiscalía del delito de abuso de confianza por incumplir la entrega de los recursos con destino a la chatarrización.
Las empresas no cumplieron con lo dispuesto en los decretos y consignaron el dinero en cuentas bancarias propias dándole un manejo diferente a lo establecido o simplemente apoderándose de los mismos.
Según la Procuraduría, esta conducta generó un aprovechamiento ilegal de los recursos destinados a la modernización del transporte público en la ciudad.
Las empresas sobre las que debe decretarse el embargo de sus activos son: Compañía Metropolitana de Transportes S.A., Compañía de Buses Rojos Ltda., Empresa de Transporte Automotor Moderno Público Asociados D.C., Tampa D.C. S.A., Sontranmiur Sociedad Mixta Urbana, Unión Cooperativa de Trabajadores de Transporte Ucootrans Ltda., Cooperativa Integral de Transportadores de Niza Ltda. Cootransniza, Empresa Transportadores Radio Taxi Confort S.A. Transconfort S.A., Contransflorida Ltda., Transportadores Fontibón S.A. y Cooperativa de Transportes Socorro Cootranssocorro.
Los representantes legales de estas empresas fueron acusados por el Fiscal Seccional 187 de Bogotá en diciembre pasado por el delito de abuso de confianza, tras establecer que estas personas violaron la ley en el manejo del dinero recaudado por concepto del factor para el mejoramiento de la calidad del servicio.
El recaudo del dinero fue ordenado por la Alcaldía Mayor mediante el decreto 259 de agosto de 2003 y tenía por objeto la reducción de la sobreoferta vehicular.
La Procuraduría señaló que con el no pago se atrasaron los programas y proyectos de movilidad causando un daño social contínuo.

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